Acuerdo con EE.UU.: el plan B que el Gobierno ya activó sin esperar al Congreso

La Casa Rosada avanza con decretos, resoluciones y decisiones de organismos públicos para cumplir partes del acuerdo comercial con Estados Unidos sin esperar su entrada en vigor integral. La estrategia apunta a instrumentar los cambios regulatorios posibles con las facultades vigentes y separar ese proceso de los puntos que exigen una ley o la aprobación completa del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI).

“Estamos avanzando con las herramientas administrativas disponibles”, aseguran en Nación. El tratado firmado en febrero todavía no rige: el propio texto establece que comenzará a aplicarse 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que acrediten el cumplimiento de sus procedimientos legales internos, salvo que acuerden otra fecha.

Esa situación no impide que la Argentina adopte por su cuenta medidas que coincidan con los compromisos asumidos. El ARTI incluye cambios sobre licencias de importación, homologaciones, normas técnicas, medicamentos, productos agropecuarios, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros, comercio digital y seguridad económica, entre otros capítulos.

Los antecedentes que ya marcan el camino

El esquema tiene precedentes concretos. Este año el Gobierno modificó la normativa para aceptar documentación estadounidense como prueba suficiente para homologar determinados vehículos fabricados bajo estándares de seguridad de ese país y avanzó con mecanismos de equivalencia regulatoria para productos médicos. Esos cambios se hicieron con facultades internas, no por la entrada en vigor del ARTI.

La intención es profundizar ahora ese mecanismo mediante actos de distintos organismos. Entre las áreas alcanzadas aparecen ANMAT, SENASA, Aduana, el INPI y dependencias de Economía, que tienen competencias sobre varios de los compromisos regulatorios incluidos en el acuerdo.

El capítulo arancelario, el más complejo

Los anexos del ARTI fijan posiciones sobre las que la Argentina deberá eliminar derechos de importación, reducirlos al 2% o aplicar cupos preferenciales, pero esas preferencias están formalmente vinculadas con la entrada en vigor del acuerdo.

El Ejecutivo tiene, por otra parte, facultades propias para modificar determinados derechos de importación y la tasa de estadística sin utilizar el ARTI como fundamento jurídico. En Nación analizan avanzar con lo que permita la legislación interna, aunque cada modificación debe evaluarse también frente a los compromisos de la Argentina dentro del Mercosur.

Estados Unidos viene reclamando acelerar ese proceso. Fuentes al tanto de las conversaciones aseguran que la visita a Buenos Aires del representante comercial adjunto Jeff Goettman tuvo diferencias por los tiempos de implementación y que Washington pidió avances concretos en el capítulo arancelario.

La representación estadounidense explicitó luego que espera que la Argentina cumpla los compromisos asumidos, incluida la reducción de aranceles para productos norteamericanos. “Todo lo acordado con Estados Unidos lo vamos a honrar, pero lleva su tiempo. No es tan lineal”, responden en despachos oficiales.

En el Gobierno reconocen además que el fallo de la Corte Suprema estadounidense sobre el mecanismo utilizado por Donald Trump para sus aranceles globales complicó el encuadre jurídico existente al momento de firmar el acuerdo. La Casa Rosada sostiene, sin embargo, que avanzará con las medidas que pueda ejecutar sin esperar una definición sobre la ratificación integral.

El PCT, el otro objetivo inmediato

Diputados aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) el 27 de agosto con modificaciones y el expediente volvió al Senado. La Cámara baja incorporó una reserva sobre el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.

El plenario de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio que debía retomar esta semana el expediente fue postergado por ausencias de senadores. Pese a la demora, en el Ejecutivo aseguran que mantienen el objetivo: “Aspiramos a que en octubre salga”.

La aprobación del PCT tiene además una conexión directa con el acuerdo bilateral. El ARTI estableció que la Argentina debía someter el tratado de patentes al Congreso para su consideración y votación antes del 30 de abril de 2026. El expediente avanzó después de esa fecha y todavía resta que el Senado resuelva las modificaciones introducidas por Diputados.

La hoja de ruta oficial combina decretos y resoluciones para anticipar los cambios regulatorios que el Ejecutivo puede realizar con facultades existentes, y negociación parlamentaria para los compromisos que requieren una ley. El primer objetivo legislativo es cerrar el PCT en octubre, mientras la implementación arancelaria y la entrada en vigor integral del ARTI continúan sujetas a las conversaciones con Estados Unidos.