Acuerdo San Juan-Vicuña: el visto bueno de Diputados que desbloquea US$250 millones para obras

La Cámara de Diputados de San Juan dio luz verde al acuerdo San Juan-Vicuña, un convenio que inyectará 250 millones de dólares a la provincia para infraestructura y minería. La votación, que terminó 27 a 9, no estuvo exenta de tensión.

La sesión especial, que arrancó a las 11 de la mañana, se extendió hasta la tarde con fuertes discusiones. Finalmente, el oficialismo logró imponer su mayoría y el proyecto se convirtió en ley, allanando el camino para que el gobierno de Marcelo Orrego acceda a los fondos.

¿Qué implica el acuerdo para San Juan?

El convenio, firmado con la empresa Vicuña, representa un desembolso sin precedentes: US$250 millones antes de que el proyecto minero comience a producir. Así lo remarcó el gobernador Orrego, quien aclaró que no se trata de una promesa, sino de un compromiso firme, no reembolsable ni compensable.

Ese dinero se destinará principalmente a obras hídricas, de saneamiento e infraestructura, que podrán ejecutarse mucho antes de que la provincia reciba regalías mineras. Además de la minería, beneficiará al agro, el turismo, la energía y la generación de empleo.

Uno de los proyectos concretos que se financiarán es la Ruta Nacional 40 Norte, anunciada días atrás por el propio Orrego.

Negociaciones que duraron más de un año y medio

El acuerdo no se gestó de un día para el otro. Según reveló el gobernador, las negociaciones arrancaron a comienzos de 2025 en una feria minera en Toronto, Canadá. Luego siguieron en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, con la participación de funcionarios provinciales y las máximas autoridades de Vicuña.

Orrego atribuyó la firma a la confianza que la empresa depositó en la provincia, gracias a la seguridad jurídica, las reglas claras y el diálogo institucional.

¿Qué cambia con el nuevo régimen de regalías?

El acuerdo establece un aporte adicional del 1,5% del valor bruto de facturación, que se sumará a las regalías vigentes. Ese dinero irá a un fideicomiso para financiar infraestructura.

Además, las regalías provinciales se calcularán desde el inicio de la explotación sobre el 3% del valor bruto de facturación, lo que busca dar previsibilidad tanto al Estado como a los inversores.

Control estatal y controversia resuelta

Los fondos serán administrados mediante un fideicomiso provincial, con auditorías y trazabilidad. Todas las obras se ejecutarán bajo los mecanismos de contratación pública previstos por la legislación sanjuanina.

El convenio también pone fin a una controversia que se arrastraba desde 2022, vinculada a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Con este acuerdo, se establece un mecanismo definitivo para cumplir con esa obligación económica.