Acusan a jefes policiales de usar detenidos como mano de obra para trabajos privados

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos por encubrimiento y falsificación contra el segundo jefe y un suboficial de la Unidad Regional Norte. La fiscalía sostiene que durante meses se utilizó a condenados para refaccionar viviendas particulares, incluyendo la de un ex jefe policial, en un “sistema estable” que involucró alojamiento clandestino y traslados con móviles oficiales.

En el desarrollo de una investigación por el uso de presos para tareas de albañilería en domicilios de funcionarios, la Unidad Especializada de Delitos Complejos imputó al segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Sergio Marcelo Juárez (51), y al suboficial Walter Frías (48). El auxiliar fiscal Federico Lizarraga, subrogando a José Sanjuán, les atribuyó el delito de encubrimiento. Al agente Frías se le sumó además la acusación por falsificación de instrumento público.

Durante la formulación de cargos, Lizarraga detalló que los hechos no fueron aislados. “Durante al menos tres meses detenidos condenados estuvieron alojados en la Unidad Regional Norte (donde no existe arresto) y trabajando a la vista de todo el personal, recibiendo incluso visitas de familiares. En ese contexto, realizaron refacciones en domicilios particulares como ser tapias completas, estructuras metálicas, antebaño y construcción de sanitarios. No se trató de un hecho aislado sino que, ocurrió delante de todos los miembros policiales de la URN”, afirmó el representante del Ministerio Público.

Los pilares de un sistema clandestino

El fiscal auxiliar describió una estructura organizada. “En la URN se montó un sistema estable y prolongado en el tiempo de utilización de detenidos condenados como mano de obra para beneficiar particularmente a los funcionarios policiales de la plana mayor. Este sistema tenía tres pilares: un alojamiento clandestino de los penados en la URN, el uso de un móvil en el que eran trasladados a las casas particulares a trabajar, la falsificación y el silencio funcional de todos los empleados”.

Según la acusación, el rol de Frías fue clave en la cobertura logística. “El rol de Frías no fue el de un mero empleado distraído fue el oficial de guardia encargado del libro que ese día consignó un traslado falso (hacia la comisaría de Chuscha) para dar una cobertura administrativa a la maniobra y evitar cualquier tipo de control posterior que detectara el uso del móvil y de los detenidos para estos fines privados. Su conducta encuadra en la falsificación ideológica de instrumento público y de encubrimiento agravado como autor”.

Respecto a Juárez, la fiscalía lo señaló como uno de los beneficiarios y organizadores. “Por su parte, Juárez como segundo jefe de la URN aparece mencionado desde el origen de los mensajes anónimos enviados al Ministro de Seguridad, siendo uno de los jefes que utilizaba detenidos para trabajos personales y que ordenaba no dejarlos asentados en los libros. Incluso sus compañeros renunciaron a sus puestos por estas presiones”.

Privación de la libertad para los imputados

Al concluir su exposición, Lizarraga solicitó la medida de coerción más gravosa para ambos acusados. El juez interviniente accedió en parte, decretando la prisión preventiva por tres meses para Sergio Juárez. Para el suboficial Walter Frías, en cambio, ordenó arresto domiciliario con pulsera de rastreo por el mismo plazo.

El magistrado fundamentó su decisión al señalar que “se trata de personas a las cuales se les deposita la obligación de llevar adelante un control como funcionario público de las dependencias”. El auxiliar fiscal reforzó este concepto, agregando: “Se trata de hechos que comprometen directamente la confianza que la sociedad tiene en sus fuerzas de seguridad que suponen el uso de personas privadas de libertad como mano de obra en beneficio de superiores jerárquicos, el uso indebido de los recursos del Estado (móviles policiales, combustible y servicio del personal). La causa ya fue declarada como asunto complejo y en la misma si dictó la prisión preventiva al ex jefe Gustavo Javier Beltrán (confirmada por el tribunal de impugnación por tres meses)”.

Los acusados negaron todas las imputaciones

Antes de conocerse la resolución judicial, ambos imputados se manifestaron ante el tribunal rechazando los cargos. Sergio Juárez declaró: “Niego los cargos, siempre me encontré a disposición de la Justicia. La verdad que me extraña mucho las declaraciones de los oficiales (que declararon en el marco del legajo). La estoy pasando muy mal, como imagino el resto del personal”.

Por su parte, el suboficial Walter Frías expresó su versión: “Yo estoy encerrado entre cuatro paredes y solamente escribo lo que se ve o lo que me indican. No verifico”.