Acusó a un médico de abusar de su hija y terminó imputada: el detalle que la complicó

Una mujer de 47 años quedó imputada en San Juan por presunta extorsión contra un cirujano al que habría exigido $30 millones para no denunciarlo por un supuesto abuso sexual contra su hija de 18 años. La Fiscalía sostiene que el profesional llegó a transferirle $2 millones, pero las amenazas no cesaron.

La sospechosa, identificada como M.E.M. y vecina de Chimbas, fue formalmente imputada este martes durante una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal presentó mensajes, registros bancarios y otros elementos que, según la acusación, respaldan la denuncia del médico.

Cómo empezó todo

El vínculo entre ambas partes se remonta al 27 de febrero de 2026, cuando la mujer llevó a su hija a una clínica local por dolores abdominales. El cirujano la examinó, le indicó un tratamiento y le dio su número de teléfono particular a la madre para responder consultas posteriores.

Según la reconstrucción fiscal, el profesional volvió a atender a la joven el 10 de marzo en otra clínica y el 21 de marzo en el servicio de urgencias del Hospital Rawson, donde estaba de guardia. En esa última consulta, de acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, la joven le entregó un regalo al médico y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla.

Sin embargo, después de esa atención, el cirujano recibió un mensaje de la mujer en el que lo acusaba de haber intentado abusar de su hija.

La denuncia del médico: pagó $2 millones y después le habrían exigido $30 millones

El ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la UFI Delitos Especiales, explicó que la mujer habría amenazado al profesional con denunciarlo penalmente y exponerlo ante sus compañeros de trabajo y los medios de comunicación si no le entregaba dinero.

El médico denunció que, por temor a las consecuencias personales y laborales de esas acusaciones, el 21 de marzo transfirió $2 millones desde su cuenta de Mercado Pago a otra a nombre de la sospechosa. Pero, según la investigación, el pago no terminó con las exigencias.

El 31 de marzo, alrededor de las 16, la mujer se habría presentado junto a otro hombre en el lugar de trabajo del cirujano, donde nuevamente le habrían reclamado dinero bajo amenazas de escracharlo en las redes sociales. La Fiscalía también sostuvo que la acusada continuó enviándole mensajes por WhatsApp y que el reclamo llegó a los $30 millones.

El denunciante aseguró, además, que vio a la mujer y a otras personas cerca de sus lugares de trabajo en distintas oportunidades. Según declaró, esa situación le provocó temor y lo llevó a modificar sus horarios y rutinas.

Para sostener la imputación, los investigadores presentaron conversaciones extraídas del celular del médico, registros fílmicos, fotografías y comprobantes de transferencias bancarias.

Qué dijo la defensa de la mujer acusada de extorsionar al cirujano

Durante la audiencia de formalización, los abogados Renzo Quero y Luis Galmarini, defensores de la mujer, rechazaron la acusación y sostuvieron que su clienta es inocente.

Los letrados plantearon una versión diferente sobre el origen del conflicto. Según su hipótesis, el médico habría besado a la joven paciente, un episodio que vincularon con un presunto abuso sexual. Esa versión todavía no fue acreditada judicialmente y forma parte de los hechos que deberán esclarecerse durante la investigación.

La defensa también solicitó que el plazo de la investigación fuera de cuatro meses, mientras que la Fiscalía pidió seis.

Finalmente, la jueza de Garantías Flavia Allende resolvió formalizar la investigación contra la mujer por el presunto delito de extorsión, en calidad de autora, y estableció un plazo de seis meses para avanzar con las medidas judiciales.

La magistrada dispuso que la mujer continúe en libertad, aunque deberá cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, tiene prohibido acercarse al cirujano, comunicarse con él o realizar actos de hostigamiento contra su entorno familiar y laboral, tanto de manera directa como a través de terceros. La restricción alcanza las llamadas telefónicas, los mensajes y las redes sociales.

La investigación continúa abierta y todavía no hay una resolución sobre la responsabilidad penal de la imputada.