Adicciones en menores: la Justicia de Catamarca revela cómo interviene ante el alarmante aumento de casos

El avance de las adicciones y el deterioro de la salud mental en niños, niñas y adolescentes ya no es solo un tema sanitario: se convirtió en una emergencia judicial y social en Catamarca. La reciente habilitación de espacios de internación para menores de 12 y 13 años con cuadros graves de consumo en el Hospital de Niños Eva Perón reabrió el debate sobre la respuesta del Estado y el rol de los tribunales.

En ese contexto, la jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género, Dra. María Elisabet Salas, explicó el marco de actuación de la Justicia civil frente a situaciones de alto riesgo para los menores y sus entornos. La magistrada remarcó que las intervenciones se rigen por la Ley Nacional de Salud Mental y las normativas provinciales, garantizando los derechos humanos y evitando la estigmatización del paciente.

"Nuestra competencia es muy clara: intervenimos en todo aquello que viene a través de una denuncia o de una acción y que esté atravesado por una afectación de salud mental", precisó Salas. En ese marco, aclaró que la labor judicial se centra en el control legal de las internaciones, tanto voluntarias como involuntarias.

¿Qué hace la Justicia ante una internación por adicciones?

Cuando un menor o un adulto ingresa a un hospital en crisis por consumo, la Justicia evalúa el peligro inminente. "Una persona que está afectada en su salud mental no puede ser privada de la libertad estando en una internación involuntaria sin control", advirtió la jueza. En cada expediente intervienen la Asesoría de Menores e Incapaces, un defensor técnico y el Órgano de Revisión de Salud Mental para velar por las garantías del paciente.

Ante situaciones extremas, como adolescentes descompensados o embarazadas con adicciones graves, la Justicia prioriza la respuesta médica inmediata. "En la urgencia se actúa primero con la desintoxicación, que son cuestiones estrictamente médicas. Desde lo legal, damos todas las órdenes y pedimos todas las medidas para proteger a esa persona que está en altísimo riesgo", sostuvo Salas.

Sin embargo, la magistrada fue enfática sobre los límites de las medidas cautelares: "Nosotros no podemos imponer una internación involuntaria por sí sola. Damos una medida para que el SAME o el sistema de salud traslade a la persona y la institución médica le haga un diagnóstico. Es el equipo de salud el que nos debe decir si hay criterio médico para la internación. Si no lo requiere, la persona debe ser externada para continuar con tratamiento ambulatorio".

Salas también aclaró que las internaciones modernas no deben seguir el "viejo modelo" de aislamiento. "La internación en salud mental no es una cama, es una intervención súper interdisciplinaria que requiere psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas", explicó.

Un fenómeno que desborda a las familias

Aunque los juzgados no manejan estadísticas unificadas (eso depende de la Corte de Justicia provincial), Salas confirmó un aumento notorio de causas donde el consumo problemático es el detonante de la violencia intrafamiliar. Un dato preocupante es el incremento de denuncias de padres y adultos mayores contra sus propios hijos.

"Estamos viendo denuncias de adultos mayores hacia sus hijos, no solo menores, sino también jóvenes de 18 a 25 años o más. Las familias acuden al juzgado porque la situación de salud mental y consumo de los hijos las desborda por completo y ya no los pueden contener en el hogar", reveló la jueza.

La necesidad de actualizar las políticas públicas

Frente a las nuevas dinámicas de consumo y los conflictos digitales que llegan a los tribunales, Salas remarcó la importancia de abordar las adicciones con una "mirada holística e integral", no punitiva. "Nadie se perjudica con intención; todas las personas con consumo problemático atraviesan una afección de salud mental que debe tratarse con respeto a la dignidad humana", reflexionó.

Finalmente, hizo un llamado a adaptar las herramientas del Estado: "La violencia y las adicciones son un problema de toda la sociedad y de todos los poderes del Estado. Si mantenemos una política pública diseñada hace cinco años, hoy ya no funciona. Es necesario escuchar a los especialistas y revisar las estrategias interinstitucionales de contención", cerró.