¿Adiós a la educación vial suelta? El plan que quiere meterla en todas las escuelas

Un grupo de diputados entrerrianos quiere que la educación vial deje de ser un tema suelto y se convierta en una materia obligatoria en todos los colegios. La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura, propone nada menos que un programa integral con un observatorio para controlar que se cumpla.

La formación para manejar, cruzar la calle o andar en bici podría ser tan importante como matemática o lengua. Así lo plantea el bloque Juntos por Entre Ríos, que presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial. La idea es que se aplique en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, bajo la órbita del Consejo General de Educación.

¿Quiénes impulsan el cambio?

El diputado Lenico Aranda es el autor principal de la propuesta, pero no está solo. Lo acompañan Silvio Martín Gallay, Gabriela Lena, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi y Noelia Taborda. Juntos buscan actualizar un marco legal que tiene más de 20 años y que, según dicen, quedó viejo frente a los nuevos medios de transporte.

El proyecto no se queda solo en lo educativo. También plantea un cambio de concepto: hablar de “siniestro vial” en lugar de “accidente”, porque un siniestro no es casualidad, sino que se puede prevenir con políticas públicas. Educación, infraestructura, controles y responsabilidad compartida son las patas de esta estrategia que pretende involucrar a municipios y organizaciones civiles.

¿Qué hará el Observatorio?

Un punto clave es la creación del Observatorio Provincial de Educación y Cultura Vial. Sería un organismo técnico que se encargue de medir si las políticas funcionan, con indicadores concretos y un informe anual que irá al Ejecutivo y a la Legislatura. Así, la educación vial no quedaría en discursos o folletos, sino en resultados verificables.

La iniciativa también apunta a la micromovilidad: bicicletas, monopatines eléctricos y otros vehículos que cambiaron la forma de circular en las ciudades. El objetivo final es una provincia con una movilidad “más segura, solidaria y responsable”, poniendo siempre por delante la protección de la vida humana.

Si la ley se aprueba, regirá desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. La pelota está ahora en la cancha de los legisladores, que tendrán la palabra para decidir si la educación vial se convierte en política de Estado o sigue siendo una materia pendiente.