Adiós a los aguantaderos: la nueva ley que sacude a Mendoza

Mendoza ya tiene su Ley Antiaguantaderos. La Cámara de Senadores aprobó este martes de manera definitiva el proyecto que había recibido media sanción en Diputados y que busca darle respaldo legal permanente a las intervenciones sobre inmuebles utilizados como refugio, soporte o base para actividades delictivas.

La iniciativa fue impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y transforma en una política pública el protocolo de intervención administrativa que la Provincia comenzó a aplicar desde octubre de 2025. De esta manera, el Estado mendocino contará con un régimen específico para actuar sobre propiedades abandonadas, usurpadas o vinculadas con el acopio, fraccionamiento y comercialización de drogas, la planificación de delitos u otras situaciones que representen un riesgo para la seguridad pública.

Qué podrá hacer el Gobierno de Mendoza

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es que el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá disponer, mediante una resolución fundada, distintas medidas preventivas sobre los inmuebles alcanzados por el régimen.

Entre las herramientas previstas aparecen el tapiado y cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, cuando resulte indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o incluso del inmueble completo. El objetivo no es quitarle la propiedad al titular, sino impedir que el lugar continúe siendo utilizado para actividades ilícitas y preservar el inmueble frente al deterioro, la usurpación o la pérdida de custodia.

El mecanismo también establece un procedimiento previo. Para disponer una intervención deberán elaborarse informes técnicos y policiales y notificarse al titular registral, quien tendrá la posibilidad de presentar una oposición y recurrir administrativamente la decisión. Al mismo tiempo, la norma contempla un régimen especial para situaciones consideradas de riesgo grave e inminente, en las que se podrá actuar de manera inmediata.

El procedimiento podrá comenzar de oficio o a partir de un pedido de la Justicia, de los municipios, de organismos públicos o privados o de integrantes de la comunidad. Así, las denuncias y reclamos de vecinos también quedan incorporados como una de las vías para poner en marcha el mecanismo de intervención.

Una herramienta que ya se aplicaba en Mendoza

La aprobación de la ley consolida un mecanismo que el Ministerio de Seguridad y Justicia ya venía utilizando mediante un protocolo administrativo. Según los datos difundidos por el Gobierno provincial durante el debate legislativo, en ese período se tramitaron 54 expedientes que derivaron en 20 intervenciones en distintos puntos de Mendoza.

De esas intervenciones, 13 fueron demoliciones, cuatro correspondieron a tapiados y otras tres se realizaron sin utilización de la fuerza. Las acciones se concentraron en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú, con participación de los municipios en distintos procedimientos.

El Gobierno sostiene que la nueva norma permitirá darle continuidad a estas acciones más allá de una gestión y extender el mecanismo a toda la provincia. Además, establece que la falta de un convenio específico con un municipio no impedirá una intervención cuando exista un riesgo grave para la seguridad pública, ya que el Ministerio podrá coordinar las acciones con otros organismos provinciales.

Mercedes Rus celebró la sanción definitiva

Tras la aprobación en el Senado, Mercedes Rus destacó en sus redes sociales la sanción definitiva de la norma y puso el foco en el objetivo de recuperar los barrios para los vecinos.

La ministra había defendido el proyecto desde su presentación como una herramienta para atacar no solamente a quienes cometen delitos, sino también a los espacios físicos que facilitan esas actividades. En ese sentido, el Gobierno busca que los inmuebles que durante años fueron utilizados como aguantaderos, búnkeres o puntos de comercialización de drogas puedan ser intervenidos con mayor rapidez.

Con la sanción definitiva, el mecanismo deja de depender de una resolución administrativa del Ministerio de Seguridad y pasa a contar con rango de ley provincial. El desafío ahora será su implementación, especialmente en aquellos casos donde se planteen conflictos entre la necesidad de intervenir rápidamente por razones de seguridad y las garantías vinculadas con el derecho de propiedad.

La nueva Ley Antiaguantaderos de Mendoza se incorpora así al paquete de medidas que la gestión de Alfredo Cornejo impulsa en materia de seguridad y prevención del delito, con una particularidad: apunta directamente a eliminar o neutralizar los lugares que, según las investigaciones y los informes oficiales, funcionan como soporte físico de distintas actividades criminales.