Adiós a los celulares en las cárceles de Mendoza: el nuevo blindaje que aprobó ENACOM

El Gobierno Nacional oficializó este jueves una medida que promete sacudir el sistema penitenciario: el bloqueo de celulares dentro de las cárceles de Mendoza ya es legal. La Resolución 734/2026 del ENACOM, publicada en el Boletín Oficial, incorpora a los penales provinciales al protocolo nacional de detección y desactivación de dispositivos móviles.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

La normativa, firmada el 11 de agosto, modifica el procedimiento vigente y autoriza a las empresas de telefonía a bloquear, a pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación, tres elementos clave de un teléfono detectado en una cárcel: el IMEI, el IMSI y la línea telefónica.

El IMEI es la identificación única del equipo físico, mientras que el IMSI está ligado al abonado de la red. Con este doble bloqueo, se busca que un dispositivo incautado no pueda seguir operando con otra SIM ni que una tarjeta sirva en otro aparato.

El alcance no se limita a las celdas: también aplica a las áreas de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

Mendoza, el motor del cambio

La provincia fue clave para destrabar esta modificación. Según consta en la resolución, el Ministerio de Seguridad y Justicia local alertó al ENACOM sobre la grave situación en los penales mendocinos y exigió una norma que incluyera a las provincias en el sistema de bloqueo que ya se usaba a nivel federal.

El pedido cobró fuerza tras una serie de episodios recientes que reavivaron el debate sobre el ingreso de celulares a las prisiones, una práctica prohibida por la Ley 24.660 pero que sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades.

¿Será automático para todas las provincias?

No tan rápido. La resolución no implica un apagón inmediato de todos los teléfonos en las cárceles provinciales. Para activar el mecanismo, cada distrito debe adherir formalmente al procedimiento nacional. Recién después de esa adhesión, el Ministerio de Seguridad de la Nación canalizará los pedidos de bloqueo hacia las operadoras móviles.

Además, las empresas deberán registrar y conservar cada gestión realizada, garantizando la trazabilidad de los bloqueos y poniendo esa información a disposición de los usuarios o de las autoridades competentes.

Un golpe al crimen desde adentro

El objetivo declarado es contundente: impedir que los presos usen celulares para organizar delitos desde la cárcel. La resolución recuerda que la Ley 24.660 ya prohíbe las comunicaciones móviles en penales y establece mecanismos para frenarlas. Ahora, con esta herramienta tecnológica, se suma una capa más de control.

El bloqueo de IMEI, IMSI y línea telefónica funciona como complemento de los sistemas de inhibición de señales, que ya estaban en marcha. La gran novedad es que el protocolo, que hasta ahora era exclusivo para cárceles federales, queda abierto a las provinciales que quieran sumarse. Y Mendoza, con su empuje, ya marcó el camino.