Adorni entregó 77 páginas para explicar dónde consiguió los dólares: el argumento que usó su defensa

El exjefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos que le había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación se hizo sobre el filo del vencimiento del plazo: habían pasado 150 días desde que salieran a la luz las inconsistencias entre sus gastos y su patrimonio.

Si la respuesta no satisface a los fiscales, quedará allanado el camino para su citación a prestar declaración indagatoria. El escrito fue presentado por su abogado, Matías Ledesma, quien sostuvo que la familia contaba con medio millón de dólares ahorrados pero que optó "deliberadamente por vivir como si no lo tuviera".

El argumento central: bitcoins y una casa que costó menos

La defensa asegura que "no existe enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación" y que todas las operaciones cuestionadas cuentan con documentación de respaldo. El eje de la estrategia es atribuir la mayor parte de los fondos observados a operaciones con bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.

Respecto de la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, los abogados afirman que el monto efectivamente pagado fue de U$S175.000, muy por debajo de lo que había trascendido.

El origen de los dólares: ocho billeteras y una liquidación

Uno de los puntos más sensibles era el de los dólares declarados en efectivo. Según la presentación, Adorni informó U$S565.000 al inicio de 2023, U$S513.000 al cierre de ese año y U$S388.961,52 al finalizar 2024 bajo el concepto de "venta de activos".

La defensa sostiene ahora que esos fondos provienen de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones habrían representado U$S591.544,61. Las billeteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, varios años antes de su llegada al Estado, y actualmente no conservan saldo.

Los abogados aseguran que los bitcoins se compraron con ahorros de la actividad profesional privada de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La mayor inversión, según el escrito, fue de U$S199.883,20 durante 2017, y las ventas se concretaron mediante operaciones personales y en efectivo.

La obra en Indio Cuá y la palabra del contratista

La Fiscalía había pedido explicaciones sobre los fondos usados para adquirir el terreno y sobre los dólares que, según el requerimiento, se le habrían pagado al contratista Matías Tabar. En mayo pasado, Tabar declaró ante la Justicia como testigo y confirmó que recibió 245.000 dólares en efectivo por su trabajo. Es socio del grupo Alta Arquitectura.

La casa, ubicada en el Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz, fue registrada a nombre de Angeletti en noviembre de 2024. Fue una de las propiedades por las que se amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

En su declaración, Tabar detalló que las reformas incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín, lo que habría elevado el costo muy por encima de los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

La defensa sostiene que el lote se adquirió por U$S120.000: U$S100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria y los U$S20.000 restantes en efectivo. Sobre la obra, los abogados cuestionaron la documentación presentada y aseguraron que el dinero entregado al contratista fue de U$S175.000. Además, señalaron inconsistencias en las planillas aportadas y remarcaron que una de ellas, correctamente sumada, arrojaría U$S285.929 y no U$S45.929.

Según la presentación, ese monto de U$S175.000 coincide prácticamente con una valuación técnica de un arquitecto contratado por la defensa, que estimó el costo de la obra en U$S174.954,58.

Declaraciones juradas y la diferencia patrimonial

La defensa también se refirió a las modificaciones en las declaraciones juradas patrimoniales. Reconoció que hubo rectificaciones, pero sostuvo que se hicieron antes del requerimiento fiscal y de una eventual fiscalización de ARCA. Además, afirmó que Adorni pagó las obligaciones tributarias correspondientes.

Sobre la diferencia patrimonial señalada por la Fiscalía, el escrito cuestionó la metodología usada para construir la ecuación entre ingresos y egresos y sostuvo que la brecha puede explicarse con la documentación aportada y con partidas que todavía deben conciliarse.

El requerimiento fiscal había estimado ingresos lícitos comprobados por $229.752.283,20 frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20, con una diferencia de $43.068.549.

En el tramo final, la defensa sostiene que el origen de los principales fondos cuestionados es anterior al ingreso de Adorni a la función pública y, por lo tanto, afirma que no se configura el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal.