Adorni movió casi US$600.000 en Bitcoin: lo que no pudo explicar de las refacciones en Indio Cuá

La defensa de Manuel Adorni presentó ante la Justicia un descargo para explicar cómo creció su patrimonio mientras fue funcionario. El exjefe de Gabinete atribuyó sus ahorros en dólares a inversiones en Bitcoin hechas y liquidadas años antes de asumir, y respondió sobre propiedades, préstamos, vehículos y gastos en efectivo.

El escrito contesta los 20 puntos que pidió el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación abarca desde diciembre de 2023, cuando Adorni entró al Estado, hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo.

La defensa sostuvo que la evolución patrimonial en ese período tiene un "sustento razonable y verificable" y que no existe "enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación".

El origen de los dólares en efectivo

Uno de los ejes del requerimiento era de dónde salieron los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que aparecieron en declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto "venta de activos" en 2023, 2024 y 2025.

Adorni respondió que esos fondos provenían sobre todo de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, que según el escrito generaron US$591.544,61 al venderse.

Las billeteras y el acta notarial

La defensa aseguró que las ocho billeteras eran de Adorni y presentó un acta notarial: un escribano certificó que el exfuncionario pudo firmar mensajes con las claves privadas de cada dirección. Además, Adorni le entregó a su abogado las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, a disposición de la investigación si la Justicia pide abrirlo.

Las direcciones tuvieron actividad solo entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, y hoy no tienen saldo. Con ese dato, la defensa sostiene que el patrimonio se generó varios años antes de que Adorni llegara al cargo público.

Según el descargo, las primeras compras de Bitcoin fueron en 2014 por US$1897,20, y el grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando destinó US$199.883,20.

Adorni explicó que las operaciones eran presenciales y en efectivo. Se encontraba con vendedores particulares, recibía los Bitcoin y entregaba los dólares sin que las partes se identificaran. La venta se habría hecho de modo similar entre 2017 y 2018: entregaba los Bitcoin y recibía dólares billete de los compradores, sin bancos, exchanges ni intermediarios.

"El producido de cada una de esas ventas fue percibido por mi asistido en el mismo acto y en el mismo encuentro en que se concretaba la liquidación, en dólares estadounidenses billete", sostuvo la presentación. Es decir: los movimientos de Bitcoin pueden rastrearse en la blockchain, pero la entrega del efectivo quedó fuera del sistema financiero formal.

El recorrido de los ahorros, año por año

El descargo reconstruyó cómo se usaron esos fondos. De los US$591.544,61 de la venta de criptomonedas quedaron US$513.000 en efectivo al cierre de 2023. Entre los movimientos previos consignó inversiones financieras y en criptomonedas, alquileres, una transferencia a su esposa y US$27.840,56 de consumos varios durante 2023.

En 2024 informó gastos por US$8000 de alquiler de una casa de country, US$7060 de escribanía, US$5000 por el ingreso a Indio Cuá Golf Club y US$55.000 en obras. También US$14.697 por un viaje a Aruba, US$9000 por un viaje al Llao Llao y US$8848,37 en consumos diversos. Al terminar ese año conservaba US$388.961,52.

En 2025 detalló otros US$120.000 para la obra de Indio Cuá, más US$30.000 por la compra de un inmueble en la calle Miró, gastos de escribanía, pagos de capital e intereses de una deuda hipotecaria, alquileres y consumos. El saldo declarado al cierre de 2025 fue de US$209.961,52.

Indio Cuá y la pelea por los US$245.000

Otro punto central es la refacción de la vivienda del lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La defensa cuestionó el monto de aproximadamente US$245.000 que el contratista Matías Tabar atribuyó a las obras y afirmó que los pagos identificados fueron menores.

El escrito enumera presuntas inconsistencias en la documentación: diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, materiales enviados a domicilios distintos, facturas a nombre del propio contratista y falta de un presupuesto integral y cerrado.

La defensa dijo que un estudio contable identificó US$175.000 efectivamente desembolsados a Tabar. Y presentó un informe técnico de un arquitecto de parte que calculó en US$174.954,58 el valor de mercado de la refacción: la diferencia entre ese cálculo y los desembolsos reconstruidos es de apenas US$45,42, según el descargo.

Según el escrito, Tabar había señalado primero un presupuesto de US$128.150 para distintos trabajos, que luego se redujo por tareas no realizadas y al que se agregaron otras obras y muebles. La propia defensa reconoció que parte de la relación económica fue informal y que el primer pago de US$35.000 en efectivo se hizo sin recibo.

El departamento de Caballito y los préstamos

Adorni también respondió por la compra de un departamento en Miró, en Caballito. Según la defensa, US$30.000 pagados en efectivo salieron de los mismos ahorros vinculados a la venta de criptomonedas.

Parte del financiamiento se explicó con préstamos privados, entre ellos mutuos con Silvia Pais, madre de Adorni, y Norma Zuccolo. La defensa sostuvo que esos préstamos ya figuraban en las declaraciones juradas impositivas y que los contratos entre particulares no requieren necesariamente escritura pública ni registración. En el caso del préstamo familiar, planteó que la falta de mayores formalidades es habitual entre familiares directos.

La Jeep Compass y las tarjetas de terceros

Otro punto cuestionado era la compra de una Jeep Compass por $21,5 millones en 2024 y la hipótesis de que se hubieran pagado $18,3 millones en efectivo. La defensa negó esa versión: sostuvo que fue una permuta por una Renault Captur que Adorni y su esposa tenían desde 2021.

Según el escrito, la permuta quedó documentada con una factura por $18,3 millones y las únicas erogaciones adicionales fueron dos transferencias de $1 millón, una de Adorni y otra de su esposa, más un pago con tarjeta Visa en seis cuotas de $200.000.

También dio explicaciones sobre operaciones con tarjetas de crédito de personas de su entorno. Sobre su entonces secretaria Gisela Kocsis, sostuvo que algunas compras las gestionó ella como parte de tareas personales y que después recibía el reintegro. En el caso de una compra con la tarjeta de Laura Schiuma, la defensa explicó que Adorni le pidió prestado el plástico para una operación de alrededor de $2 millones y que le entregó el efectivo cuando llegó el resumen.

Rechazó además que productos comprados con la cuenta de Mercado Libre de Adorni fueran necesariamente suyos. Incorporó la declaración de Luis Aluju, quien afirmó que un proyector comprado desde esa cuenta era suyo y que lo había enviado al domicilio de Adorni solo para que alguien lo recibiera. Aluju también declaró que usó una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni y que después depositaba el dinero de sus propios consumos.

La diferencia de $43 millones

La reconstrucción de la investigación contabilizó $229,7 millones de ingresos comprobados y $272,8 millones de egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos: una diferencia de aproximadamente $43 millones.

La defensa relativizó esa brecha. Sostuvo que equivale al 15,8% de los egresos totales y al 18,7% de los ingresos lícitos computados, y la definió como una diferencia "residual" compatible, según su planteo, con las dificultades de reconstruir durante dos años y medio todos los movimientos económicos del grupo familiar.

También negó que las declaraciones juradas rectificativas hayan reflejado la aparición de nuevo patrimonio. Según el descargo, las modificaciones corrigieron una presentación inicial incompleta y no fueron la causa del incremento patrimonial observado.