Adorni presentó su declaración jurada pero la Justicia lo ve como “un dibujo”: ahora viene lo peor

La fiscalía federal avanza a paso firme contra Manuel Adorni. El jefe de Gabinete presentó su nueva declaración jurada, pero en la Justicia ya la califican como insuficiente y preparan una medida que podría definir su futuro procesal.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, suma un nuevo capítulo. Adorni entregó un documento confeccionado por contadores y supervisado por su abogado, pero fuentes judiciales lo describen como “un dibujo”. El funcionario deberá ahora respaldar con papeles sus dichos: asegura que parte de su patrimonio proviene de inversiones en criptomonedas junto a su esposa.

¿Qué tendrá que probar Adorni?

El panorama es complejo. Adorni tendrá que justificar el origen de los US$200.000 que dijo haber invertido en criptoactivos junto a su pareja, con los que habrían ganado US$300.000 entre 2014 y 2018. Además, reconoció que se trataba de ahorros “de toda la vida, en negro”. Entre las pruebas exigidas figuran las claves de acceso a las billeteras virtuales, para demostrar que las operaciones eran suyas.

El fiscal Pollicita ya casi tiene listo un escrito de más de 150 páginas: el requerimiento de justificación de bienes. Esta instancia es previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se concretará si Adorni no logra probar su crecimiento patrimonial. Antes de avanzar, se analizarán todas sus declaraciones juradas —incluidas rectificativas— y una declaración reservada donde debe detallar el acceso a las criptomonedas. Ese documento aún no fue presentado.

Nuevas medidas de prueba

La semana pasada, Pollicita ordenó una batería de medidas. Solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe si Adorni y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas de los períodos 2023, 2024 y 2025, y que las remita de urgencia. También pidió las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Además, el fiscal requirió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público de esos ejercicios se incorporen al análisis que realiza la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).