ADPRA frena la ley de Propiedad Privada y exige un texto oficial antes de votar

ADPRA frenó la ley de Propiedad Privada: exige que el Senado no vote sin un texto oficial. ¿Qué hay detrás de las modificaciones ocultas? Los detalles que nadie contó.

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ADPRA frena la ley de Propiedad Privada y exige un texto oficial antes de votar
ADPRA frena la ley de Propiedad Privada y exige un texto oficial antes de votar

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) encendió las alarmas: pidió frenar el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. El motivo: el proyecto que se votaría no tiene un texto oficial, y las modificaciones que se negociaron en las sombras podrían cambiar todo.

El expediente PE-13/26, que modifica seis cuerpos normativos, obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Pero desde entonces, no volvió a tratarse formalmente, pese a que habría sufrido numerosas modificaciones.

La entidad denunció que las reformas posteriores, especialmente las vinculadas al régimen de tierras rurales, se negociaron entre el Poder Ejecutivo Nacional y distintos bloques legislativos sin incorporarse oficialmente al expediente. Circularon borradores no oficiales, lo que impide saber con precisión qué texto votarán los legisladores.

¿Qué cuestiona ADPRA del proyecto?

La asociación puso el ojo en varios puntos críticos. Por un lado, la ampliación de los supuestos de expropiación irregular presenta definiciones imprecisas que podrían aumentar la litigiosidad y dejar la interpretación en manos de los tribunales.

También preocupa la derogación del artículo 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. Según ADPRA, eso eliminaría una restricción clave para impedir cambios en el uso de tierras afectadas por incendios, sin ofrecer mecanismos alternativos de protección.

Otro punto caliente es la eliminación de los límites para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales. La entidad sostiene que el proyecto no prevé herramientas para evitar la concentración de tierras ni define con claridad el reparto de competencias entre la Nación y las provincias.

Y como si fuera poco, remarcó la ausencia de estudios de impacto y de fundamentos actualizados para evaluar las consecuencias institucionales, económicas, ambientales y sociales de la reforma.

El pedido concreto al Senado

ADPRA le pidió al Senado que no avance con el tratamiento hasta que exista un texto parlamentario oficial, público y verificable. Además, reclamó que la iniciativa vuelva a las comisiones para un debate técnico y transparente sobre cada modificación.

La asociación aclaró que emitirá su posición sobre el contenido definitivo recién cuando se conozca el texto oficial. El pronunciamiento ya fue enviado al Senado, al Poder Ejecutivo Nacional y a todas las Defensorías del Pueblo que integran ADPRA.

En este contexto, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, adhirió al documento y respaldó el pedido de que una reforma de este alcance se debata con plena publicidad de los actos legislativos, transparencia institucional y respeto por la seguridad jurídica.

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