Adulteró un certificado médico y la echaron: ahora también la denunciaron ante la Justicia
¿Hasta dónde llega la tolerancia cero? Una auxiliar de servicio fue despedida y denunciada penalmente por adulterar un certificado médico. Los detalles que nadie contó.
Una auxiliar de servicio de una escuela de Plottier fue despedida y denunciada penalmente por adulterar un certificado médico. La decisión del gobierno de Rolando Figueroa marca un precedente en la lucha contra los 'ñoquis' y refuerza la política de 'tolerancia cero' en la administración pública neuquina.
El Ejecutivo provincial convalidó la Resolución N° 1522/2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE), que impuso la cesantía a Ángela Irene Herrera, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria N° 98 de Plottier. Además, se instruyó al CPE a formalizar la denuncia penal correspondiente.
¿Qué detectaron los auditores?
La investigación administrativa se inició el 15 de agosto de 2024, después de que un informe de la dirección general de Salud Ocupacional del CPE alertara sobre irregularidades en el certificado médico presentado por Herrera. Los auditores notaron 'tachaduras o falta de claridad' en los plazos de reposo, lo que llevó al rechazo del certificado y a la consecuente falta de justificación de sus inasistencias.
La médica que firmó el certificado reconoció su autoría y la confección original, pero aclaró categóricamente que la anotación que modificaba el plazo de reposo no era de su puño y letra, ni constituía una modalidad válida de prescripción.
¿Qué argumentó el gobierno para el despido?
En el decreto de despido, el gobierno provincial recordó que todos los trabajadores tienen el deber de prestar el servicio personalmente, y la obligación de 'observar en el servicio y fuera de él conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente de la administración pública exige'.
Se subrayó que la falsificación de documentación destinada a justificar inasistencias laborales 'vulnera de manera irremediable los deberes esenciales de probidad, buena fe y rectitud', configurando 'una falta de extrema gravedad institucional'.
Finalmente, se concluyó que la adulteración de instrumentos médicos 'no sólo atenta contra el régimen de asistencia, sino que constituye una inconducta fraudulenta incompatible con la permanencia en la administración pública', tornando imperativa la aplicación de una medida expulsiva.
