Advierten que la baja de imputabilidad no se puede aplicar: "No hay estructura edilicia ni de personal"

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil despertó un debate que excede la baja de la edad de imputabilidad. La abogada especialista en Derecho de Familia Silvana Zufiaurre advirtió en Radio La Red Paraná (88.7) que el Estado no cuenta con los establecimientos ni el personal necesario para aplicar el sistema, y que esa carencia podría dejar la norma sin efecto real.

Según explicó la letrada, el régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años, pero no por cualquier delito. “No se aplica para cualquier tipo de delitos”, aclaró, y precisó que la condena y el cumplimiento de penas quedan reservados para hechos graves como secuestros, homicidios y narcotráfico.

Un objetivo distinto al de los adultos

Zufiaurre remarcó que la diferencia central con el sistema de adultos está en la finalidad de la intervención. “Primero que nada, tratar de resocializar, que sean chicos que puedan ingresar y que una vez que salen”, sostuvo.

Por eso, los adolescentes no deberían compartir espacios de privación de la libertad con mayores. “Estamos hablando de menores de edad que están más que nada recubiertos por lo que se llaman los derechos del niño, entonces no pueden estar en un mismo lugar, porque pueden ser sometidos a cuestiones de abuso de todo tipo”, señaló.

El problema, según la abogada, aparece justamente ahí: faltan los edificios. Una resolución judicial suspendió provisoriamente la aplicación del régimen durante 60 días en una jurisdicción bonaerense por cuestionamientos sobre las condiciones para garantizar los derechos de los adolescentes. Para Zufiaurre, ese planteo es coherente frente a la ausencia de establecimientos adecuados.

“Hay una falta de respuesta absoluta del Estado”, disparó. Y agregó que no basta con que la ley ordene alojar a los jóvenes en lugares distintos a los de adultos si esos espacios no existen. Incluso planteó la necesidad de contar con establecimientos de características penitenciarias juveniles en todo el país: “Uno por provincia, por lo menos”.

La advertencia no se limita a la infraestructura. La especialista subrayó que también falta personal capacitado para trabajar con adolescentes privados de su libertad.

Qué pasa con los padres

Consultada por la responsabilidad de los adultos frente a un delito cometido por un menor, Zufiaurre aclaró que los padres no cumplen la pena en lugar del hijo, pero sí pueden responder en el ámbito civil.

“Si es responsable de todo daño para el juicio que se puedan iniciar posteriormente por la víctima o por sus familiares, porque estamos hablando de menores de edad, es decir, civilmente, ante un reclamo de un daño, responde el padre y responde la madre”, explicó.

La abogada también trazó un paralelismo con el sistema de salud mental, donde observa dificultades similares por falta de infraestructura y recursos. En su análisis, el patrón se repite: leyes que crean nuevas obligaciones, pero estructuras estatales que no siempre están preparadas para ejecutarlas.