Advierten que la Justicia podría frenar el nuevo sistema de comedores: qué pasa ahora

La Justicia de Entre Ríos decidió que sea el STJ el que defina el futuro de los comedores escolares. ¿Sigue vigente la prohibición de alimentos con sellos?

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Advierten que la Justicia podría frenar el nuevo sistema de comedores: qué pasa ahora
Advierten que la Justicia podría frenar el nuevo sistema de comedores: qué pasa ahora

Una pulseada judicial sacude el inicio del ciclo lectivo en Entre Ríos. El juez Juan Francisco Malvasio dio un paso al costado y elevó la disputa por los comedores escolares al Superior Tribunal de Justicia, tras aceptar la apelación de la Fiscalía de Estado. La medida cautelar que suspendía el cambio en la provisión de alimentos sigue vigente, pero la decisión final quedó en manos de los vocales del STJ.

El conflicto tiene como telón de fondo el amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce. Todos ellos cuestionan el nuevo sistema centralizado de entrega de insumos para desayunos y meriendas, que fue licitado y adjudicado a la empresa Teknofood SA, y que debía empezar a regir a principios de este mes.

¿Qué decidió exactamente el juez Malvasio?

En primera instancia, el magistrado hizo lugar a la cautelar y ordenó al Gobierno provincial abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos dependientes del Consejo General de Educación productos no perecederos que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, según el artículo 12 de la Ley 27.642. La medida alcanza a los alimentos destinados a desayunos y meriendas.

Pero ahora, al conceder la apelación con efecto devolutivo, Malvasio no suspendió su propia cautelar. O sea: la prohibición sigue en pie mientras el STJ no diga lo contrario. El expediente ya está en manos del máximo tribunal provincial.

Los argumentos de la Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue el que impulsó la apelación. En su escrito, sostiene que la decisión del juez implica una injerencia judicial en potestades administrativas que no están en discusión, ya que nadie cuestionó la legalidad del procedimiento de licitación. "No existe cuestionamiento alguno respecto de la regularidad, validez o legalidad del procedimiento seguido", remarca.

Para la Fiscalía, la medida cautelar excede el marco de conocimiento de la causa y restringe atribuciones propias de la Administración. Por eso, pidieron la revisión de la medida.

El fundamento del juez para mantener la cautelar

En su resolución, Malvasio fue claro: la medida no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto. Lo que se busca es determinar si los productos que se están entregando en las escuelas son aptos para causar perjuicio a la salud de los chicos.

El magistrado ponderó el principio precautorio, el interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y la protección reforzada del derecho a la salud. Y concluyó que la demora del proceso podría frustrar la eficacia de la decisión final si no se dispone una medida preventiva mientras tanto.

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