Advierten que la nueva ley de imputabilidad podría llenar los institutos de chicos por delitos menores

El juez penal de Niñez y Adolescencia de San Juan, Jorge Toro, advirtió que la nueva ley de imputabilidad que regirá desde el 5 de septiembre podría derivar en el encierro masivo de adolescentes vulnerables si el Estado no garantiza programas efectivos de educación y tratamiento.

En diálogo con Radio Sarmiento, el magistrado alertó que "corremos el riesgo de que nos podamos llenar en los institutos de, por decir una manera, de pequeños ladrones de gallina". Según Toro, si las medidas socioeducativas fracasan, la ley prevé como respuesta la pena de prisión, lo que podría llevar a encerrar a jóvenes que cometieron delitos menores.

La nueva ley y sus alcances

La Ley 27.801 establece el Régimen Penal Juvenil en todo el país y permite juzgar a adolescentes desde los 14 años, reduciendo la edad de imputabilidad que estaba fijada en 16 años por la Ley 22.278. El nuevo marco reemplaza el modelo tutelar por un sistema de responsabilidad penal con enfoque de derechos, priorizando medidas socioeducativas por sobre el encierro.

Sin embargo, Toro subrayó que la aplicación efectiva dependerá de la inversión estatal y de la creación de institutos adecuados. "La historia es, si vos llegás a tener un chico de estas características, ¿cómo se le va a trabajar para que se reinserte en la sociedad?", cuestionó.

El riesgo de repetir el pasado

El juez recordó que la provincia ya tuvo macroinstitutos como el infantil Santa Lucía o el hogar Manuel Belgrano, donde se alojaban hasta 100 chicos vulnerables. "Lo que hicieron esas instituciones fue reproducir vulnerabilidad, reproducir exclusión", afirmó, y pidió no volver a ese modelo: "Lo que resuelve el problema es la educación".

Falta de infraestructura y personal

Toro señaló que San Juan no está preparada para la nueva ley: el único instituto de detención, el Nazario Benavídez, fue pensado para chicos de 16 y 17 años y deberá adaptarse a una franja más amplia. Además, dijo que "desconozco hasta el momento si la figura del supervisor se va a implementar", un actor clave para el acompañamiento de los jóvenes.

Estadísticas locales

Los datos que aportó el juez muestran que el delito juvenil es un problema acotado: los menores de 18 años representan menos del 2% de las causas en la provincia, y el 79% de los chicos que cometen un delito no reinciden. El núcleo crítico son entre 60 y 70 jóvenes que concentran muchos hechos y que presentan graves problemas: consumo de sustancias, familias disfuncionales y deserción escolar.

"Muchos de ellos terminaron la primaria, pero no saben leer y escribir, no comprenden textos", alertó Toro, quien advirtió que sin políticas eficaces, esos chicos "van a reiterar los hechos" y terminarán ocupando los institutos reservados para delitos graves.