Advierten que volverán a las calles si el Gobierno ignora los fallos judiciales: ¿Qué pasará a mediados de mayo?

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, lanzó una advertencia contundente: si el Poder Ejecutivo persiste en no aplicar la Ley de financiamiento universitario pese a los fallos judiciales, la comunidad académica volverá a movilizarse, poniendo como fecha límite mediados de mayo para una nueva marcha federal. La estrategia no se limitará a la protesta callejera, sino que incluirá acciones legales contra los funcionarios responsables, pero con una particularidad clave para evitar que el reclamo sea ignorado.

Yacobitti explicó que las medidas se realizarán con las universidades funcionando, ya que “cada día que Milei ve una universidad cerrada por paro, no se preocupa”. El objetivo es visibilizar el conflicto sin interrumpir la formación de los estudiantes, buscando que la sociedad se sume a la protesta. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”, sentenció el dirigente.

¿Por qué el desfinanciamiento va más allá de lo económico?

Para el vicerrector, el trasfondo de esta política no es meramente económico, sino ideológico. Yacobitti vinculó la postura oficial con tendencias autoritarias internacionales que buscan “destruir un lugar que genera personas con capacidad crítica”. Según su visión, el modelo actual no tolera la diversidad de ideas ni la pluralidad que caracteriza a la UBA.

A pesar de los recortes, la UBA sigue posicionada entre las mejores universidades del mundo, gastando hasta diez veces menos por alumno que instituciones comparables como la UNAM de México o la de San Pablo en Brasil. Esto subraya, según Yacobitti, la eficiencia y el valor de la educación pública argentina, que ahora enfrenta un riesgo severo.

¿Cómo afecta esto a docentes e investigadores?

Uno de los puntos más críticos es la estrepitosa caída del poder adquisitivo en el sector docente. Un profesor de colegios preuniversitarios como el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini perdió aproximadamente el 60% de su valor adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, afectado en gran medida por la eliminación del FONID.

Esta situación generó una brecha salarial alarmante: hoy, un docente puede cobrar un 32% más en jurisdicciones provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires que en el ámbito de las universidades nacionales por la misma tarea. El deterioro ya está mostrando consecuencias graves, como la fuga de talentos.

Yacobitti precisó que solo en la Facultad de Agronomía de la UBA, en los últimos dos años y pocos meses, se fueron 100 personas entre profesores e investigadores de alto nivel. Para el directivo, este desfinanciamiento pone en riesgo servicios vitales para la sociedad, desde la formación de médicos que salvan vidas en accidentes hasta la capacidad de respuesta científica ante futuras pandemias o desafíos productivos del país.

¿Qué argumenta el Gobierno y cómo sigue la batalla legal?

Desde la Casa Rosada, el discurso se mantiene firme en la restricción presupuestaria. El Gobierno nacional argumenta que cumplir con la ley de financiamiento implicaría un desembolso de 2,5 billones de pesos, una cifra que consideran imposible de afrontar sin romper el ancla del superávit fiscal.

Tras haber perdido en primera y segunda instancia judicial, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal le otorgue un efecto suspensivo a la medida para no verse obligado a pagar de inmediato. En los pasillos de Balcarce 50 admiten que es “altamente improbable” que la Corte les conceda ese alivio temporal, por lo que ya analizan fórmulas para escalonar los pagos y evitar el regreso del déficit financiero.

Mientras tanto, Yacobitti insiste en la necesidad urgente de abrir un canal de diálogo genuino: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa donde el Gobierno traiga una alternativa”, propuso, advirtiendo que cada día que pasa sin negociación es un día perdido para encontrar una solución que evite que cientos de miles de argentinos vuelvan a ganar las calles en defensa de la universidad pública.