Un veterinario y productor de Realicó salió a cuestionar la reforma al sistema de vacunación contra la aftosa y advirtió por lo que podría costarle al país. ¿Qué dijo sobre el nuevo esquema que arranca en 2027?
Carlos Arese, titular de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, rechazó la reforma al sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y alertó por lo que podría costarle al país en los mercados externos. El médico veterinario y productor considera que la decisión oficial no tiene sustento técnico y que pone en juego años de trabajo sanitario.
En diálogo con Infotec 4.0, Arese explicó cómo funcionará el nuevo esquema, que empezará a regir el 1° de enero de 2027. Desde esa fecha, cada productor podrá contratar a un veterinario particular para aplicar la vacuna y comprar las dosis donde le convenga. Quienes no elijan esa opción seguirán dentro del sistema de fundaciones sanitarias.
Para sumarse a la modalidad privada habrá que hacer un trámite online ante el Senasa entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de este año, indicando qué profesional estará a cargo y dónde se adquirirán las vacunas. El veterinario, acreditado ante el organismo, también deberá aceptar la solicitud. La aplicación bajo el nuevo formato comenzaría el 15 de febrero de 2027.
Arese aclaró que la vacunación seguirá siendo obligatoria en todo el país y que no se modificará el calendario, sino la forma de aplicar las dosis. Recordó que este año ya se eliminó la segunda campaña —la de octubre y noviembre para la hacienda menor— y se mantuvo la primera junto con la revacunación de los terneros nacidos durante el año.
“Me siento empujado a un sistema que ya fracasó”
Desde su doble rol de veterinario y productor, Arese planteó sus objeciones a la reforma. Contó que en las reuniones con representantes del organismo oficial preguntó una y otra vez cuáles eran las ventajas concretas del cambio y que no obtuvo respuestas que lo convencieran.
Reconoció que la vacunación privada podría abaratar costos, pero sostuvo que el ahorro no sería relevante frente al riesgo de tocar un sistema que funciona. “Me siento empujado a un sistema que ya fracasó”, afirmó, y calificó la medida como una decisión política difícil de defender desde lo técnico.
Su mayor inquietud pasa por lo que un retroceso sanitario podría provocar en la comercialización de carne. La Argentina logró posicionarse en los mercados internacionales, y una reaparición de la enfermedad podría transformarse en un freno para las exportaciones.
Recordó que históricamente la aftosa fue usada por los países compradores como barrera paraarancelaria para restringir operaciones y presionar sobre los precios. “El que se quemó con leche, ve una vaca y llora”, dijo al repasar las consecuencias económicas de las crisis sanitarias anteriores.
Del sistema individual a las fundaciones
Para fundamentar su rechazo, Arese repasó la historia de la vacunación en el país. Entre 1960 y 1990 cada productor organizaba la inmunización por su cuenta o contrataba a quien creyera conveniente, y en ese período la Argentina convivió con focos permanentes de aftosa.
En los años 90 se armó un sistema de vacunación a través de fundaciones sanitarias, con campañas periódicas y varias aplicaciones por año. La mejora epidemiológica permitió reducir las dosis hasta que en 1994 se registró el último foco de esa etapa.
Hacia fines de esa década se decidió dejar de vacunar y en el segundo semestre de 2000 apareció un nuevo brote, con restricciones comerciales y una fuerte caída del precio de la carne.
Según el dirigente, esas crisis golpearon de lleno la estructura productiva: estimó que la cantidad de productores agropecuarios cayó de unos 600.000 a cerca de 280.000 en la actualidad.
El temor por los productores más chicos
Sobre la adhesión al nuevo esquema, Arese indicó que muchos productores de la zona todavía no definieron qué modalidad elegirán, aunque percibe una mayor predisposición inicial a quedarse en las fundaciones.
Estimó que los establecimientos más grandes podrían inclinarse por la vacunación privada, mientras que los pequeños tendrían más dificultades para afrontar los trámites y organizar el servicio.
En ese marco defendió a las fundaciones, entidades privadas administradas por productores con una función solidaria. Destacó que atienden a quienes atraviesan problemas económicos, se atrasan en los pagos o tienen campos alejados.
También valoró que el sistema garantiza el mismo precio por animal para productores grandes y chicos, sin importar el tamaño de la explotación. En Realicó, precisó, la fundación llega a campos ubicados a unos 30 o 35 kilómetros de la localidad.
En cuanto a los valores, señaló que la última vacunación costó el equivalente a unos 700 gramos de carne de novillo por animal, con aplicación y seguimiento incluidos.
Explicó que las fundaciones deben cumplir varios requisitos para integrar el plan sanitario: asegurar a todo el personal, reservar el 10% de las dosis para emergencias, contar con un jefe técnico permanente y sostener una estructura administrativa que permita auditar las tareas.
Admitió que algunas de esas exigencias podrían flexibilizarse con el nuevo sistema y abaratar costos. Aun así, consideró que los veterinarios particulares también buscarán una rentabilidad por el servicio, por lo que no espera diferencias económicas importantes.
Por último, advirtió que la llegada de más actores podría complicar la fiscalización y planteó dudas sobre cómo se garantizará una cobertura cercana al 100% de la hacienda.
Ante la posibilidad de que se cuestionen sus intereses en la defensa del sistema actual, Arese respondió: “Mi negocio es ser productor agropecuario y vender carne y leche”. Además, recordó que las fundaciones son auditadas cada año y que los productores pueden consultar y reclamar por los costos del servicio.
