Agmer contra el decreto de salud mental: “No se sostiene con titulares”

El Gobierno declara la urgencia en salud mental con un decreto, pero Agmer lo califica de “efectista”. ¿Qué reclama el gremio y por qué habla de simulacro? Los detalles que preocupan a la comunidad educativa.

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Agmer contra el decreto de salud mental: “No se sostiene con titulares”
Agmer contra el decreto de salud mental: “No se sostiene con titulares”

El Gobierno provincial declaró la “urgencia sanitaria en materia de salud mental” por un año, pero la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) salió al cruce y denunció que se trata de una medida “efectista e insuficiente”. El gremio advierte que no hay presupuesto real ni dispositivos acordes a la emergencia.

Mediante el decreto N° 2.130, del 22 de julio, el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Salud a “adoptar las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud mental”. La norma contempla la posibilidad de prórroga por única vez y por igual período, previa evaluación de la situación epidemiológica.

Sin embargo, para Agmer la declaración es solo un gesto simbólico. “A través de esta figura declarativa, el Ejecutivo provincial apela al impacto mediático pero se niega a declarar una emergencia real que garantice presupuesto extraordinario, creación de cargos y recursos concretos”, planteó el gremio en un comunicado.

¿Qué reclama Agmer?

El gremio exige partidas presupuestarias para conformar equipos profesionales que articulen con las escuelas, recomposición salarial para trabajadores de salud y educación, y una articulación interministerial real con perspectiva de género. También pide fortalecer el primer nivel de atención para garantizar turnos y tratamientos.

“La salud mental y la vida de nuestras comunidades educativas no se sostienen con titulares de prensa ni con comisiones que dilatan las soluciones”, advirtieron.

La situación en las aulas

Agmer señaló que “el aula es la primera línea donde se manifiestan las crisis sociales, las violencias de género, las situaciones de vulnerabilidad socioafectiva y las alarmantes señales de sufrimiento psíquico y conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo, denunciaron que las escuelas “carecen de gabinetes psicopedagógicos y de profesionales de la salud mental en cantidad suficiente”. Además, criticaron la app “ORI”, lanzada a inicios de año, que consideraron un simulacro, y remarcaron que las esperas para acceder a atención profesional pueden llegar a los 6 meses.

El gremio también puso el foco en los docentes: “Con salarios empobrecidos, la docencia se ve obligada a sostener jornadas agotadoras y pluriempleo para sobrevivir, absorbiendo en soledad la contención de crisis complejas sin insumos, sin contención profesional y con un Estado ausente”.

Datos que alarman

Según un relevamiento de la Facultad de Psicología de la UBA, el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos. En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación reportó que los suicidios crecieron un 22,6% respecto a 2024.

Entre Ríos registra 841 suicidios entre 2023 y 2026, con una tasa de 19,8 cada 100.000 habitantes, duplicando la media nacional (9,8). Lo más preocupante: el 75% de esas víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años.

“Desde esferas oficiales, el discurso estigmatizante sobre las licencias de salud convive con docentes cuyas situaciones de salud mental tienen tres claros signos epidemiológicos: estrés, ansiedad y depresión”, sostuvo Agmer, que además denunció que el Consejo General de Educación lleva un año y medio sin convocar ámbitos de discusión de Salud Laboral.

Una mirada de género

El gremio subrayó que tanto el sistema educativo como el de salud están conformados mayoritariamente por mujeres. “La falta de presupuesto real para atender la salud mental y la violencia de género representa una forma de violencia institucional y precarización de las tareas de cuidado”, puntualizaron.

En ese marco, Agmer exigió “de manera urgente” medidas concretas y no solo declaraciones. La discusión, advierten, no puede quedar en los papeles.

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