Agredió a dos jugadores de Patronato: lo que deberá pagar y el lugar al que no podrá volver
¿Cuánto deberá pagar y de qué lugares quedará afuera el acusado de agredir a dos futbolistas de Patronato? La Justicia de Paraná le puso condiciones por dos años y el monto no es lo único que pesa.
La causa por la agresión a dos futbolistas de Patronato tuvo su desenlace judicial en los Tribunales de Paraná. Alan Barrientos, de 27 años, aceptó una suspensión del juicio a prueba —la figura conocida como probation— en la investigación por lesiones y amenazas contra Alan Sosa y Facundo Díaz.
La resolución llegó este miércoles, con la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelatta como responsable de homologar el acuerdo que habían presentado el fiscal Rodolfo Martín Abrahan y el defensor Claudio Berón. La magistrada, sin embargo, le introdujo un cambio al planteo original.
Cuánto deberá pagar y a quién
El acuerdo establece una reparación económica para las dos víctimas: dos millones de pesos para Alan Sosa y un millón para Facundo Díaz, según quedó asentado en la resolución. En total, Barrientos desembolsará tres millones de pesos por los hechos que se le atribuyen.
A eso se suman otras obligaciones: tareas comunitarias y la participación en actividades de concientización deportiva.
Las restricciones que pesan sobre Barrientos
El joven deberá conservar el domicilio que declaró ante la Justicia y avisar con anticipación cualquier cambio a la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También tendrá que cumplir 96 horas anuales de tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público que designe ese organismo.
Esas horas podrán canjearse por talleres de capacitación laboral de igual o mayor carga horaria, siempre que se completen. Otra de las condiciones es realizar un curso de concientización deportiva según las indicaciones de la OMA.
La prohibición de acercarse no se limita a los dos futbolistas. Barrientos no podrá ingresar al estadio Presbítero Bartolomé Grella ni a las instalaciones del Club Atlético Patronato, y tampoco podrá asistir a espectáculos de fútbol durante los dos años que fijó la jueza. Además, tiene vedado realizar actos molestos, violentos o perturbadores contra cualquier integrante del plantel.
Cómo fue el episodio que originó la causa
La investigación se abrió por lo ocurrido el 15 de agosto, en las inmediaciones del estadio Grella, después de que Patronato perdiera 3 a 0 con Colón en Santa Fe. Barrientos quedó involucrado por su presunta participación en las agresiones y amenazas contra Sosa, capitán del equipo, y Díaz, ambos integrantes del plantel profesional.
El acusado es hijo de Gustavo "Petaco" Barrientos, exjefe de la barrabrava de Patronato, asesinado el 18 de febrero de 2023 durante una salida sociofamiliar en su casa quinta de Colonia Ensayo.
Por qué la jueza extendió el plazo
Fiscalía y defensa habían propuesto inicialmente una suspensión del juicio a prueba por un año y medio. Barbagelatta consideró necesario estirar las reglas de conducta a dos años, tomando en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos.
La magistrada explicó que evaluó la calificación legal, las condiciones personales del imputado, la ausencia de antecedentes penales y el consentimiento de las víctimas para habilitar esta salida alternativa.
"Teniendo en cuenta las condiciones personales de Barrientos, el hecho de que no tenga antecedentes, hace posible valorar que con un ofrecimiento económico de este tipo pudiera acceder a una prisión de ejecución condicional", sostuvo durante la audiencia.
También remarcó que el acuerdo contaba con la conformidad de los futbolistas afectados, un punto que pesó al momento de resolver.
Qué pasa si no cumple
La probation es una alternativa al proceso penal tradicional: la persona imputada cumple obligaciones durante un período determinado sin que se dicte una condena en esa instancia. Si las cumple en tiempo y forma, la Justicia puede disponer su sobreseimiento.
Al cerrar la audiencia, Barbagelatta le advirtió a Barrientos que cualquier incumplimiento puede derivar en la revocación del beneficio. En ese escenario, el proceso penal seguiría su curso y el acusado podría enfrentar un juicio oral y público.
