El interventor de Aguas Blancas quiere que las encomiendas, los tours de compras y los colectivos interurbanos pasen sí o sí por el escáner de Aduana. La medida ya tiene destino y podría cambiar las reglas del cruce para miles de personas: qué pasará con los controles que hoy se saltean.
Después de los saqueos a empresas de transporte de mercaderías y de una jornada de fuerte tensión en la frontera, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, anunció que elevarán al Gobierno nacional un pedido para que todas las modalidades de transporte de mercadería que operan en la zona pasen de forma obligatoria por el escáner de Aduana.
La propuesta alcanza a los tours de compras, a los colectivos interurbanos de pasajeros y a las compañías de encomiendas, sin distinciones en el tratamiento de las cargas. La idea es unificar el procedimiento y terminar con las diferencias que denuncian los transportistas locales, quienes aseguran que deben afrontar demoras, costos adicionales y controles más rigurosos que otros operadores comerciales.
El reclamo que originó el pedido
Según explicó Zigarán, el planteo surgió de las reuniones mantenidas con trabajadores fronterizos y representantes de las fuerzas de seguridad, en las que se expusieron las dificultades que atraviesa el transporte de mercaderías. El funcionario sostuvo que uno de los principales reclamos está relacionado con el funcionamiento del puesto de control 28, donde, según denunció, algunos vehículos continúan su recorrido sin pasar por los procedimientos que deben cumplir otros transportistas.
El interventor describió una situación de desigualdad entre los operadores. Mientras los transportistas de Aguas Blancas deben detenerse, esperar durante horas, descargar sus mercaderías para someterlas al escáner y luego volver a cargarlas, las empresas de encomiendas y otros vehículos de mayor porte atravesarían el puesto sin controles equivalentes. Esa diferencia genera costos adicionales para los pequeños transportistas y alimenta el malestar en el sector.
Qué escáner proponen usar
La alternativa que propuso el funcionario es utilizar el escáner ubicado en el Área de Control Integrado, a unos 500 metros de la salida de Aguas Blancas hacia el paso internacional. Zigarán explicó que ese equipamiento está destinado al control del contrabando, mientras que el escáner del puesto 28 tiene como función principal la detección de drogas.
El pedido será elevado a la ministra de Seguridad de la Nación, al comandante de Gendarmería y a las autoridades de Aduana. También se realizará una presentación ante el fiscal federal Marcos Romero. Según recordó Zigarán, en septiembre ya había advertido por escrito sobre las irregularidades que observaba en el funcionamiento del puesto de control.
El interventor aclaró que no puede disponer el cierre de las empresas de encomiendas, como reclamaban algunos manifestantes, porque se trata de actividades comerciales habilitadas y amparadas por el derecho al libre comercio. Por eso, la propuesta busca modificar las condiciones de circulación y control, en lugar de prohibir la actividad de determinados operadores.
Compromisos del lado boliviano
En paralelo, el Comité Cívico de Bermejo firmó un acta de compromisos que contempla una serie de medidas para atender los reclamos y reorganizar el funcionamiento fronterizo. El documento, fechado el 11 de noviembre, establece acuerdos sobre contratación de personal, equipamiento, controles aduaneros y facilidades para el transporte vecinal.
Entre los puntos centrales figura la emisión de la Tarjeta Vecinal Fronteriza, cuya implementación será gestionada ante los organismos correspondientes. Representantes del Comité Cívico de Bermejo y asambleístas tienen previsto reunirse el 17 de noviembre en Tarija para avanzar con ese trámite.
También se acordó que la Aduana trabaje en una flexibilización y actualización de los montos contemplados en el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Mercancías. A su vez, la OBLEA se comprometió a agilizar los trámites de los automotores del municipio de Bermejo que se encuentran comprendidos en ese régimen.
El acta incluye además la contratación de cuatro profesionales bermejeños mediante contratos de corto plazo, desde el 20 de noviembre hasta el 20 de febrero de 2027, y la gestión de equipamiento y recursos humanos como solución definitiva, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Las partes acordaron volver a reunirse el 15 de enero de 2027 para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
Una crisis que expuso las desigualdades
La conflictividad que derivó en los saqueos dejó al descubierto una disputa más profunda por el circuito de traslado de mercaderías entre Argentina y Bolivia. Los trabajadores fronterizos cuestionan el crecimiento de empresas de encomiendas que operan desde Bermejo y Aguas Blancas y que permiten a los comerciantes bolivianos enviar sus productos hacia distintos destinos sin recurrir al tradicional trabajo de los bagalleros.
Zigarán señaló que el malestar también se reproduce del lado boliviano, donde los trabajadores sienten que están siendo desplazados por nuevas modalidades de comercialización y transporte.
La propuesta de unificar los controles aduaneros y los compromisos asumidos en Bermejo constituyen los primeros pasos para intentar descomprimir el conflicto. Sin embargo, todavía resta que las autoridades nacionales argentinas acepten el pedido de obligatoriedad del escaneo y que las medidas acordadas del lado boliviano se traduzcan en acciones concretas.
