Alarma en Formosa: la deforestación legal que nadie frena y el pedido de Greenpeace para que sea delito

Un nuevo informe satelital de Greenpeace encendió las alertas sobre el avance de la deforestación en el norte argentino, con Formosa perdiendo 4.375 hectáreas de bosques nativos en lo que va del año. Pero lo más preocupante no es solo la cifra, sino que gran parte de esos desmontes cuentan con autorización oficial.

El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó en FM VLU 88.5 que el sistema actual de multas no disuade a los infractores y pidió que el ecocidio sea tipificado como delito penal en el Congreso.

¿Qué dice el balance semestral de Greenpeace?

El monitoreo satelital que realiza la organización desde hace más de una década muestra que, si bien en verano la deforestación merma por las lluvias, la llegada de la estación seca acelera la pérdida de bosques. Santiago del Estero lidera el ranking con más de 20.000 hectáreas, seguido por Salta con cerca de 12.000. Formosa, con 4.375 hectáreas, mantiene un ritmo constante que preocupa a los ambientalistas.

El caso de Salta es especialmente grave: duplicó sus indicadores tras modificar su normativa provincial para habilitar más autorizaciones. Esto se suma a un contexto nacional donde el Ejecutivo impulsa la flexibilización de estándares de protección.

La trampa del ordenamiento territorial formoseño

Giardini advirtió que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Formosa es “significativamente permisivo”. A diferencia de otras provincias, la normativa local permite solicitar permisos de desmonte en amplias franjas del territorio, lo que hace que la mayor parte de la deforestación sea legal. Sin embargo, eso no anula sus consecuencias ecológicas: fragmentación del hábitat, alteración de corredores biológicos y menor captura de carbono.

Un dato revelador: desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, Formosa cuadruplicó su tasa de deforestación respecto a los años previos. Para Greenpeace, el ordenamiento local funcionó más como una herramienta para expandir la frontera agropecuaria que como un mecanismo de conservación.

Multas que no asustan y la necesidad de penas penales

El representante de Greenpeace cuestionó la eficacia de las sanciones administrativas. “Las multas se absorben como un costo operativo más”, afirmó. En muchos casos, los empresarios compran tierras forestales a bajo precio, realizan desmontes no autorizados y pagan la multa con las ganancias de la explotación ganadera o agrícola. Si el monto es elevado, recurren a apelaciones y amparos que dilatan el cobro por años.

Frente a este vacío normativo, la organización propone un cambio estructural: incorporar el ecocidio al Código Penal y crear fiscalías especializadas con competencia federal. “Es la única forma de equiparar la destrucción de ecosistemas a cualquier otro delito grave”, sostuvo Giardini.