Alerta de la Defensoría: el fin de la emergencia en discapacidad dejaría a miles en la calle

La Defensoría del Pueblo salió a respaldar un proyecto que busca extender hasta diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad. El defensor José Leonardo Gialluca advirtió que sin esta prórroga, los sectores más vulnerables podrían quedar desprotegidos.

La iniciativa, presentada ante el Congreso, pretende modificar la Ley 27.793, que actualmente vence el 31 de diciembre de 2026. El propio Gialluca elevó pedidos formales al presidente de la Cámara de Diputados y al vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, Juan Marino, para que el tema se trate con urgencia.

¿Por qué es tan crítica esta prórroga?

Según el defensor, dejar caer la emergencia sería “apoyar lo que el Gobierno Nacional no logró por veto ni por presupuesto”. El resultado directo sería el perjuicio de programas como INCLUIR SALUD (EXPROFE), que ya arrastra meses de atrasos, y de escuelas especiales, centros de día y centros terapéuticos que están al borde del cierre.

El texto del proyecto contempla que la extensión rija desde el 1° de enero de 2027, aunque su promulgación sea posterior, para evitar cualquier vacío entre el vencimiento y la nueva vigencia.

La situación en los hogares y las pensiones

Gialluca detalló que en los hogares donde viven personas con discapacidad que dependen exclusivamente del Estado, falta la entrega de pañales, medicación y el pago de prestaciones. El peligro es inminente: si cierran sus puertas, los residentes quedarían en la calle.

Además, remarcó que más de 200 mil personas con discapacidad esperan una pensión. El propio Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que en toda su gestión otorgó apenas 2.995.

Auditorías, quitas y la disolución de la Agencia

El funcionario también cuestionó las auditorías que se realizan “de manera irresponsable” y que derivan en quitas indiscriminadas. Sumó que la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto complejiza y retrasa el acceso a trámites y derechos.

“Cada mes que la emergencia estuvo trabada significó un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas”, enfatizó.

Finalmente, Gialluca recordó que la Ley 27.793 es fruto de una gran movilización social y que el Congreso “estuvo a la altura” cuando volteó el veto. “Prorrogarla es la continuidad de esa conquista, y el tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre”, concluyó.