Alerta desde la UNT: la investigadora que cuestiona el proyecto de ley sobre la propiedad privada

La discusión sobre la tierra suele reducirse a la propiedad privada, pero para Natalia Czyjtalo, arquitecta, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET en el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la FAU-UNT, el verdadero debate es otro: ¿cuánto poder le queda al Estado para decidir sobre el territorio, sus recursos y su desarrollo?

La especialista apunta directamente contra el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Gobierno. Según ella, el nombre es engañoso, ya que la propiedad privada ya está protegida por la Constitución. "La propiedad privada ya está resguardada por principios constitucionales. Entonces, ya en sí mismo el nombre es una provocación", afirmó. Para Czyjtalo, el foco debería estar en preservar la función social del suelo y la capacidad del Estado para regular su uso. "Lo que hay que proteger de algún modo, preservar, es el rol social del suelo y de la tierra", sostuvo.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La iniciativa oficial plantea modificaciones a la legislación sobre tierras, incluyendo cambios en las restricciones para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales. En julio, el Senado dio media sanción a otros aspectos de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la extranjerización de tierras quedó fuera de ese tratamiento.

Tierras, recursos y soberanía

Para Czyjtalo, una menor regulación no solo afecta quién puede ser propietario, sino también el control sobre los recursos vinculados a esos territorios. "Entendemos que la ley de tierras actual y las modificaciones van en contra de la capacidad del propio Estado de regular el suelo, los límites y su propia soberanía, que es la capacidad de poder decidir sobre sus territorios, sobre sus recursos", explicó.

Puso como ejemplo la posibilidad de adquirir grandes extensiones alrededor de un recurso natural. Aunque ese recurso no pueda ser comprado, quien controla las tierras circundantes puede terminar condicionando su utilización. Este planteo cobra especial relevancia en el NOA, donde hay territorios vinculados con la actividad minera. Para la investigadora, la discusión no se limita al beneficio económico de una explotación, sino que debe contemplar sus efectos ambientales y sociales, que pueden extenderse mucho más allá del período de actividad.

La tensión entre mercado, sociedad y Estado también atraviesa las ciudades. "Está la lógica del mercado, que no es ni mala ni buena: es la lógica del máximo beneficio. Está la lógica de la sociedad, que vive y sobrevive en algunos casos, y está la lógica del Estado, que es el que tiene la capacidad y posibilidad de regular", señaló.

Tucumán: cómo se planifica el territorio

En Tucumán, esta discusión se refleja en el crecimiento de los barrios privados, los terrenos vacantes y la necesidad de preservar espacios verdes y áreas de drenaje. Czyjtalo señaló que las grandes superficies cerradas por countries pueden modificar la circulación urbana y generar recorridos más largos para quienes atraviesan esos sectores. También puso el foco en terrenos que permanecen vacantes durante años, como el Campo Norte y otras áreas de San Miguel de Tucumán. "Hay un montón de instrumentos que posibilitarían que el Estado defina el uso de esas tierras, para evitar ese terreno en engorde", sostuvo.

La investigadora destacó además el valor social y ambiental de los espacios verdes. "Tal vez no nos imaginamos el impacto o el beneficio que tiene un parque como el 9 de Julio o una plaza cerca de la casa", señaló. Estos temas forman parte del trabajo de especialistas de la FAU-UNT en la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán. La propuesta busca incorporar una mirada metropolitana, urbana y barrial, junto con criterios ambientales y de movilidad, como la preservación de áreas de drenaje, el transporte público, la bicicleta y la caminabilidad.

Para Czyjtalo, el problema de fondo es que la planificación perdió peso y quedó principalmente en manos de los municipios, algunos con escasa capacidad técnica y operativa. Frente a este escenario, sostuvo que no se trata de negar la lógica del mercado, sino de establecer reglas que garanticen que los bienes y el territorio también cumplan una función social. "¿Cuáles son los límites, en todo caso, al mercado?", planteó, y llamó a pensar esos límites en función de las necesidades de la población.