Alerta en Balcarce 50: los gobernadores dialoguistas que podrían dar un portazo y el plan para blindar al Congreso

El Gobierno ya da por descontado que varios mandatarios que le aportaron votos en el Congreso empezarán a tomar distancia de cara a las elecciones de 2027. La Casa Rosada se prepara para una escalada de tensión con los gobernadores dialoguistas y busca evitar que la disputa electoral termine bloqueando la agenda legislativa.

En el Ejecutivo saben que la relación se va a poner cada vez más difícil. La Libertad Avanza se prepara para competir contra los oficialismos provinciales de algunos de los que hoy son aliados estratégicos. En esa lista están Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros.

No todos tienen el mismo vínculo con Nación, pero todos mantuvieron algún nivel de interlocución y sus espacios acompañaron las iniciativas oficialistas en el recinto. La lectura en Balcarce 50 es que las críticas van a aumentar de forma progresiva a medida que se definan candidaturas y alianzas. La necesidad de diferenciarse de Milei frente a sus electores va a empujar a los gobernadores a polarizar con los candidatos libertarios en sus territorios, aunque sin romper del todo los canales institucionales. “Va a ser igual que en 2025”, dicen en Nación.

El plan de contención en la Casa Rosada

Frente a este escenario, el Gobierno ya está discutiendo un plan de contención que permita separar la competencia electoral de los acuerdos de gobernabilidad. Entre las opciones que manejan aparece fijar reglas mínimas de campaña, coordinar condiciones de competencia y mantener negociaciones específicas sobre la agenda provincial, los recursos nacionales y los proyectos que necesitan votos en el Congreso.

El objetivo inmediato es cerrar una etapa de acuerdos legislativos antes de que la campaña domine por completo la relación con las provincias. En Nación apuntan a sostener entendimientos al menos hasta diciembre para avanzar con una serie de reformas y luego habilitar una dinámica de mayor confrontación electoral. La apuesta es preservar durante los próximos meses los votos de aliados con los que después La Libertad Avanza competirá abiertamente.

El diagnóstico se apoya en las dificultades que ya enfrenta el oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada hablan de un “embudo legislativo” por la acumulación de proyectos que pretende sancionar y que todavía requieren negociaciones: la reforma electoral, el Súper RIGI, la Ley General de Sociedades, los cambios en Etiquetado Frontal, Hojarasca y Zonas Frías, entre otras iniciativas.

Las trabas parlamentarias también alimentaron las tensiones internas entre Patricia Bullrich, los Menem y Federico Sturzenegger sobre el ritmo y la estrategia para aprobar las reformas. Las diferencias quedaron expuestas durante el tratamiento del paquete de propiedad privada, cuando el Gobierno debió modificar su hoja de ruta ante la falta de respaldos y retirar capítulos para evitar un rechazo más amplio.

Movimientos que encienden las alarmas

Los primeros movimientos de algunos gobernadores refuerzan esa preocupación. Sáenz y Passalacqua avanzan en un reordenamiento de sus diputados nacionales con una lógica de negociación “ley por ley”, mientras que los espacios vinculados con Jaldo y Jalil también buscan coordinar reclamos provinciales. En el Gobierno no interpretan esos movimientos como un pase automático a la oposición, pero sí como una señal de que cada respaldo será más costoso de construir.

La Casa Rosada busca utilizar como referencia el entendimiento alcanzado esta semana con los gobernadores del Norte Grande por las denominadas zonas cálidas. Caputo y Diego Santilli acordaron con Jalil, Sáenz, Leandro Zdero, Sadir y Juan Pablo Valdés trabajar en un esquema que contemple el mayor consumo eléctrico de las provincias con temperaturas más altas. La negociación avanzó en paralelo a la discusión que mantiene el Gobierno por la modificación del régimen de Zonas Frías en el Senado.

En Balcarce 50 consideran que ese formato puede replicarse para otros reclamos concretos: abrir una mesa sobre un problema provincial, establecer una respuesta posible de Nación y mantener al mismo tiempo una conversación política sobre las reformas. En el Ejecutivo evitan presentar esos mecanismos como un intercambio automático de recursos por votos y sostienen que cada acuerdo dependerá del contenido de los proyectos y de las demandas de cada distrito.

¿Dónde habrá alianzas y dónde competencia directa?

La estrategia tampoco será idéntica con todos los gobernadores. La Libertad Avanza proyecta acuerdos electorales con algunos oficialismos provinciales y competencia directa contra otros. Esa diferencia es central para la Casa Rosada: donde exista una alianza para 2027, espera una coordinación parlamentaria más estable. Donde haya candidatos enfrentados, pretende al menos conservar reglas de convivencia que impidan que la disputa territorial termine bloqueando toda la agenda nacional.

El Gobierno trabaja además sobre el supuesto de que el peronismo avanzará hacia algún nivel de ordenamiento interno antes de las elecciones. En Nación observan los acercamientos opositores a mandatarios que colaboraron con Milei durante estos años y creen que la presión para que algunos de ellos se alejen de la Casa Rosada crecerá a medida que se consoliden las alternativas para 2027.

Ese escenario vuelve más importante para el oficialismo ampliar su base legislativa por fuera de los gobernadores con los que competirá. La conducción nacional busca reforzar los acuerdos con el PRO, sectores de la UCR e integrantes de espacios provinciales para reducir la dependencia de mandatarios dialoguistas. El Senado es la principal preocupación porque allí el número propio continúa siendo insuficiente para garantizar las votaciones.

En paralelo, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem mantienen la instrucción de fortalecer la estructura de La Libertad Avanza en los distritos donde hoy gobiernan aliados. La decisión implica una tensión inevitable: el Gobierno necesita durante 2026 a dirigentes provinciales cuyos espacios pretende desplazar en 2027, pero no quiere frenar por ese motivo el crecimiento territorial del partido ni resignar candidatos propios.

La hoja de ruta que proyectan en la Casa Rosada consiste en extender la convivencia política durante los próximos meses, acelerar las leyes pendientes y administrar la posterior confrontación electoral. En Nación asumen que la tensión crecerá, pero buscan evitar que la campaña transforme esa disputa en una ruptura anticipada.