Alerta en Chaco: el fin del programa "Volver al Trabajo" dejará a 45.000 familias sin ingreso y $3.000 millones fuera de circulación

Un duro golpe para la economía popular chaqueña. La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que protegía al programa "Volver al Trabajo", y desde agosto más de 45.000 familias en Chaco perderán el salario social complementario. La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, advirtió que esto implica una fuga mensual de $3.000 millones que ya no circularán en los barrios, agravando la caída del consumo y abriendo la puerta al avance del crimen organizado.

¿Qué pasó con la cautelar?

El 22 de julio, mientras organizaciones sociales acompañaban la ronda de jubilados en el Congreso, llegó la noticia: la Cámara Federal de San Martín había revocado la medida cautelar obtenida en abril, que garantizaba la continuidad del pago del salario social complementario. El Gobierno nacional había apelado y la Justicia le dio la razón. "Es muy preocupante para el sector de la economía popular", dijo Duarte a CIUDAD TV.

La consecuencia es inmediata: más de 900.000 familias en todo el país dejarán de cobrar el programa. En Chaco, la cifra asciende a 45.000 personas, una de las más altas del norte argentino junto a Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.

Un salario congelado y desenganchado

El salario social complementario quedó congelado en $78.000 desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei. Además, fue desenganchado del salario mínimo, vital y móvil, al que antes estaba atado. "Antes, cuando aumentaba el mínimo, aumentaba el salario social", explicó Duarte. En abril, el Gobierno decidió eliminarlo directamente, pero la cautelar lo frenó hasta ahora.

"78.000 pesos alcanzaban para la garrafa, para cargar la SUBE o para hacer una changa", detalló la dirigente, quien también recordó que muchas trabajadoras aportaban parte de ese ingreso a comedores comunitarios para comprar arroz y fideos.

El impacto económico en los barrios

Para Duarte, el golpe trasciende al trabajador individual. En Chaco, los $3.000 millones que dejarán de ingresar por mes se gastaban en almacenes, verdulerías y comercios de barrio. "Esa plata se movía en el circuito económico local", subrayó. En una provincia donde "ha caído estrepitosamente el consumo" y "cada día se bajan las persianas", la medida agrava la crisis.

Las provincias del norte tienen una proporción de trabajadores informales mayor que la de empleo formal, lo que profundiza el impacto. "Hay un avance del crimen organizado en los barrios", alertó Duarte, mencionando los préstamos informales con intereses del 80% en 30 días y la violencia que generan cuando no se pagan.

Sin diálogo y con capacitaciones fallidas

Consultada sobre la respuesta oficial, Duarte fue tajante: "El Gobierno nacional no habla con nosotros, no habla con ningún sector". Cuestionó el argumento de que el programa será reemplazado por capacitaciones laborales: de las 900.000 personas afectadas, solo 1.500 se inscribieron, y la mayoría de los cursos se dictan en la Ciudad de Buenos Aires, inaccesibles para los chaqueños.

"Hay familias enteras que hace más de un año buscan empleo formal y no encuentran, porque no hay reactivación económica", afirmó. Habló de "un industricidio" que destruye industrias y pymes, sectores ligados a la economía popular.

Apelación y movilización del 7 de agosto

Las organizaciones ya presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Mientras tanto, preparan una gran marcha nacional para el 7 de agosto, junto a la CGT y las dos CTA. La fecha tiene una fuerte carga simbólica: se cumplen diez años de la primera gran marcha de los movimientos populares y remite a la histórica jornada por "Paz, Pan y Trabajo" de Saúl Ubaldini. Duarte anticipó que el reclamo por el salario social complementario será central en esa movilización.