Alerta en Chubut: prorrogan la emergencia carcelaria por dos años y el decreto oficial revela la crítica situación

El Gobierno de Chubut decidió extender por dos años más la emergencia en el sistema penitenciario provincial. La medida, que se viene renovando desde 2028, fue oficializada a través del decreto 1090, firmado por el gobernador Nacho Torres y su gabinete, y publicado en el Boletín Oficial. Detrás de la decisión se esconde un panorama que las autoridades prefieren no ocultar.

El documento, fechado el 27 de julio, lleva las rúbricas del gobernador Nacho Torres, el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi y el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz. En sus considerandos, se hace eco de un informe elaborado por la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social que pinta un cuadro complejo.

Según el texto, los funcionarios intervinientes “ponen de manifiesto la necesidad de prorrogar la emergencia, teniendo en cuenta la sobrepoblación de internos y las condiciones edilicias actuales de los lugares de detención”. Una combinación que, según los expertos, afecta directamente los derechos de los detenidos.

¿Qué dice el informe policial?

El decreto también menciona un oficio del jefe del Área Penitenciaria de la Policía, quien “efectúa un análisis de la situación carcelaria actual evidenciando la problemática relativa a la cantidad de internos a alojar en el Instituto Penitenciario Provincial y demás dependencias policiales que funcionan como unidades carcelarias”. Es decir, no solo las cárceles tradicionales están al límite, sino también las comisarías que hacen las veces de celdas.

Frente a este escenario, el Estado Provincial asegura que “ejecuta en forma permanente diferentes acciones tendientes a garantizar la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales en la ejecución de las penas privativas de la libertad en el ámbito de las unidades de detención a su cargo”.

Inversión y futuro del sistema

El decreto reivindica que “es permanente la inversión en infraestructura carcelaria” y que se avanza en la creación de un servicio penitenciario autónomo, con la plena capacitación y profesionalización de sus integrantes. Además, sostiene que “la transformación de la realidad penitenciaria es una política fundamental para la salida a la situación de emergencia, en tanto garantiza las condiciones de habitabilidad y el efectivo cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad”.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos oficiales, el propio decreto reconoce que “subsisten los escenarios descriptos, que afectan las condiciones de detención, y ameritan la declaración de emergencia”. En esa línea, la prórroga “permitirá afrontar y resolver la problemática suscitada en el ámbito penitenciario”.

La decisión, que ya se ha tomado en años anteriores, no hace más que confirmar que el sistema carcelario chaqueño sigue en terapia intensiva. ¿Será suficiente esta nueva prórroga para aliviar la presión?