Alerta en el interior: el proyecto oficial de biocombustibles podría cerrar 25 plantas y dejar en la calle a 10.000 trabajadores
¿Sabías que el proyecto de biocombustibles que se trata en el Senado podría dejar sin trabajo a 10.000 personas? Las pymes del interior proponen una alternativa para evitarlo. Conocé los detalles.
La pulseada por la nueva Ley de Biocombustibles en el Senado tiene a las pymes del interior en estado de alerta. Advierten que el proyecto oficial, que busca elevar el corte de biodiésel al 10%, podría ser una sentencia de muerte para 25 plantas y 10.000 puestos de trabajo.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) salió a cruzar la iniciativa que se debate en la Cámara Alta. Según la entidad, el texto oficial no es una simple actualización de la norma, sino un mecanismo que dejaría a las pequeñas industrias en una situación de vulnerabilidad extrema frente a las grandes aceiteras.
¿Qué es lo que más preocupa a las pymes?
El corazón del conflicto está en la asimetría de condiciones. La propuesta legislativa permitiría el ingreso de las grandes compañías exportadoras o integradas "sin fijar un mecanismo de protección o reparto transparente", denuncian desde CEPREB.
“La diferencia de escala deja a las estructuras pyme en una clara situación de vulnerabilidad comercial al competir por el mercado del biodiésel con las mismas firmas a las que previamente deben comprarles la materia prima, el aceite de soja”, remarcaron.
La cadena de valor no es menor: involucra a más de 400 plantas extrusoras de aceite que abastecen al sector pyme en distintas provincias, generando desarrollo y empleo calificado en el interior.
Hoy, la producción pyme de biodiésel alcanza las 900.000 toneladas anuales destinadas al cupo nacional. Los polos estratégicos están distribuidos en Santa Fe (360.000 t), Buenos Aires (355.000 t), La Pampa (85.000 t), Entre Ríos (55.000 t) y San Luis (45.000 t).

La contrapropuesta: corte al 12,5% con reparto explícito
Lejos de oponerse a todo, CEPREB no rechaza la sanción de un nuevo marco normativo ni el aumento de los porcentajes de mezcla. Lo que piden es que el crecimiento no se haga a costa de los eslabones más chicos.
Por eso, formalizaron una propuesta alternativa: elevar el corte obligatorio al 12,5%, es decir, 2,5 puntos más que el texto oficial. Ese aumento generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas anuales, que absorberían la nueva oferta sin desplazar a las plantas existentes.
El esquema de reparto que sugieren es claro: un 5% para las 17 plantas pyme regionales, un 2,5% para las 8 compañías no integradas y el 5% restante para las plantas aceiteras integradas.

Desde la entidad, aseguran que este criterio de cuotas diferenciadas ya tiene antecedentes en el propio proyecto de ley, donde se establecen esquemas especiales de resguardo para el bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al de maíz.
“Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiésel. Es el mismo problema y la misma solución”, remarcaron.

Seguridad jurídica y mirada federal
El reclamo de las pymes apunta a evitar una concentración industrial que perjudique a los distritos vecinos a los grandes nodos portuarios. Si bien Santa Fe sería la principal beneficiada por el aumento de la demanda —ya que allí se asienta el polo agroexportador—, los dirigentes pymes enfatizan: “el objetivo es evitar que dicho crecimiento se consiga a costa del cierre de plantas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos o San Luis”.
“Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar”, subrayaron.
Para las pymes, el mecanismo de asignación no es un beneficio arbitrario, sino el reconocimiento a las inversiones realizadas al amparo de regulaciones previas que garantizaron un período de recupero de capital.
De cara al inminente tratamiento parlamentario, los representantes de la cámara pidieron ser recibidos en las comisiones del Senado para presentar técnicamente su propuesta. Confían en que los legisladores dimensionen el impacto socioeconómico real que tendría la medida en los pueblos del interior.