Alerta en Jujuy: comunidades originarias denuncian desprotección ante el avance minero

El Consejo Llankaj Maki denuncia que la derogación de una ley clave los deja sin protección frente al avance minero. Pero hay un dato que preocupa aún más: el impacto en el agua y en las generaciones futuras.

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Alerta en Jujuy: comunidades originarias denuncian desprotección ante el avance minero
Alerta en Jujuy: comunidades originarias denuncian desprotección ante el avance minero

El Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki salió a alertar por el avance de los desalojos y la actividad minera en Jujuy, en un contexto que definen como de vulneración de derechos y pérdida de herramientas legales para la defensa de los territorios.

La entidad, que nuclea a comunidades de la provincia, advirtió que la derogación de normativas protectoras y las reformas legales dejan a los pueblos originarios en una situación de mayor exposición frente a los intereses corporativos.

Memoria y legado de Armando Quispe

En ese marco, se recordó la figura de Armando Quispe, a quien definieron como un puente fundamental de diálogo y articulación entre las comunidades, las organizaciones sociales y sindicales.

“Armando siempre estuvo en cada desalojo, en cada asamblea [...]; su protagonismo en el Tercer Malón de la Paz fue muy importante como transmisor de las decisiones de las comunidades y de sus posiciones políticas. Hoy nos haría mucha falta su opinión y su apoyo en todas las situaciones que estamos atravesando”, expresó Jorge Angulo, coordinador del Consejo, al remarcar la vigencia de su mensaje de unidad frente a los conflictos actuales.

Preocupación por desalojos y pérdida de herramientas legales

Consultado sobre la coyuntura que enfrentan los sectores originarios, Angulo cuestionó el retroceso en materia de garantías jurídicas y la pérdida de instrumentos legales clave para la contención de conflictos territoriales.

En esa línea, apuntó contra el impacto de reformas normativas previas a nivel provincial y la modificación del escenario legal nacional.

“Hoy, haber derogado la 26.160, una ley nacional de comunidades indígenas que prevenía el desalojo y funcionaba como una herramienta legal y política, nos deja desprotegidos frente al avance del RIGI y de los intereses corporativos”, advirtió y señaló que es momento de potenciar la reorganización comunitaria y la acción colectiva para hacer frente al despojo.

Extractivismo, agua y defensa de los territorios

Frente al discurso oficial que destaca los indicadores económicos positivos de la actividad minera en la región, las comunidades manifestaron una postura diametralmente opuesta, centrada en la protección de los bienes comunes naturales, en especial el agua y la tierra.

Desde el Consejo enfatizaron que el trabajo principal se centra en la concientización de las nuevas generaciones y en el fortalecimiento del vínculo cultural con la naturaleza: “Podrán dar muchos números positivos como dicen los gobiernos y los empresarios, pero después hay que poner en valor lo que tenemos, las culturas milenarias que necesitamos para mantener esa armonía [...]. Cualquier movida económica o política que vaya en contra de los principios de los pueblos originarios nos va a encontrar repudiando y defendiendo los territorios, como siempre lo hicieron nuestros abuelos”, concluyó Angulo.

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