Alerta en Jujuy: ejercer sin matrícula podría traer graves consecuencias
¿Sabías que muchos psicopedagogos en Jujuy ejercen sin matrícula? Conocé los riesgos y cómo protegerte antes de iniciar un tratamiento.
El Colegio de Psicopedagogos de Jujuy lanzó una advertencia contundente: cada vez son más los que ejercen sin la matriculación obligatoria, y eso pone en riesgo la calidad de la atención en salud, educación y ámbitos comunitarios.
La licenciada Alejandra Julián, en diálogo con Radio 2, fue clara: la regulación no es un trámite burocrático, sino una barrera ética que protege a pacientes y estudiantes.
¿Qué dice la ley provincial?
La actividad psicopedagógica en Jujuy está regulada por la Ley Provincial N.° 6040, sancionada en 2017, que sigue los lineamientos de la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP).
Los requisitos son explícitos: no alcanza con un título universitario de al menos cuatro años, sino que la matriculación provincial es innegociable para garantizar el cumplimiento del código de ética y la deontología profesional.
¿Cómo puede protegerse la comunidad?
La especialista recordó que los usuarios y las familias tienen todo el derecho de exigir el número de matrícula y la credencial de habilitación antes de iniciar cualquier tratamiento o acompañamiento.
Además, la colegiación permite al cuerpo profesional supervisar la praxis, aplicar sanciones o suspender matrículas ante irregularidades, brindando garantías concretas a la sociedad.
Más allá de la escuela: el rol sanitario
Julián subrayó que la psicopedagogía no se limita al ámbito escolar ni a los cargos docentes del Ministerio de Educación. Su lugar es central en el sistema de salud y los equipos interdisciplinarios de salud mental, tal como establece la Ley N.° 26.657.
Sin embargo, advirtió sobre la falta de cargos psicopedagógicos en hospitales y puestos de salud de la provincia. La excepción positiva, señaló, es la reciente incorporación de profesionales en el hospital de Tilcara.
Para quienes trabajan en el ámbito privado, se requieren además las habilitaciones municipales y de la Unidad de Fiscalización (UFE) del Ministerio de Salud.
Finalmente, la licenciada instó a instituciones públicas y privadas a exigir la documentación habilitante completa al momento de contratar, para evitar la precarización del área y el riesgo de mala praxis en la atención de niñeces y adolescencias.
