Alerta en la frontera norte: el costo del Plan Güemes que nadie quiere pagar

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, encendió las alarmas sobre el principal talón de Aquiles del Plan Güemes: el enorme gasto que implica sostenerlo y cómo eso desfinancia otras áreas de seguridad en Salta. En diálogo con Radio Salta, el funcionario fue contundente al afirmar que la Provincia carga con la mayor parte del esfuerzo económico, mientras Nación mira de lejos.

¿Quién paga la cuenta?

Zigarán aseguró que el Plan Güemes, aunque necesario, consume una porción desmedida del presupuesto de seguridad provincial. "El Gobierno nacional tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde", disparó, señalando que la Provincia no solo financia el despliegue de fuerzas federales, sino también obras que deberían ser responsabilidad de Nación.

El funcionario describió la frontera como una "narcofrontera" y calificó al operativo como "un principio de solución", pero advirtió que si no hay un compromiso financiero sostenido, el sistema colapsa. "Si seguimos tapando un problema para cubrir otro, la manta cada vez será más corta", sentenció.

Gendarmes con sueldos de hambre

Uno de los puntos más críticos de su exposición fue la situación salarial de los efectivos de Gendarmería. "Mandamos a nuestros combatientes a enfrentar delitos multimillonarios en dólares con sueldos mínimos. Algo está mal", afirmó. Puso como ejemplo que un cabo cobra alrededor de 900 mil pesos mensuales, mientras que un alquiler en Orán cuesta entre 500 y 600 mil. "¿Cómo hace un gendarme para mantener dignamente a su esposa y dos hijos con ese sueldo?", se preguntó.

Zigarán dejó en claro que esto no justifica actos de corrupción, pero sí expone a los efectivos a mayores riesgos frente a organizaciones criminales con enorme poder económico. Recordó que en los últimos años fueron dados de baja cerca de un centenar de gendarmes por cobrar coimas vinculadas a los tours de compras. Sin embargo, alertó que esos agentes, altamente capacitados y conocedores del funcionamiento interno de la fuerza, quedan fuera del sistema y se convierten en un problema adicional.

El río Bermejo, la nueva frontera caliente

Para Zigarán, el verdadero desafío ahora es ordenar el río Bermejo. Aseguró que las chalanas que cruzan a diario mueven cifras millonarias sin ningún control fiscal. Mientras el municipio recauda unos 20 millones de pesos mensuales por estacionamiento de vehículos, las cooperativas de chalanas obtendrían cerca de 200 millones sin aportar un peso al municipio ni a la Provincia. "Esa es una cuestión que debe resolver Nación. Hablamos de un área de frontera y de una hidrovía; hace falta una reglamentación fiscal que hoy no existe", reclamó.

El interventor también apuntó contra la falta de personal migratorio del lado boliviano, lo que genera "cuellos de botella" que terminan fomentando los cruces informales. "Si Bolivia no incorpora más personal en Migraciones, se forma un cuello de botella que termina desalentando el paso legal", explicó. A su juicio, ninguna infraestructura resolverá el problema mientras ambos países no coordinen sus controles.

El alambrado que ordenó, pero no alcanza

Zigarán se refirió al alambrado instalado en Aguas Blancas y aclaró que nunca fue pensado como un muro antinarcotráfico. "La idea era que la gente utilizara Migraciones y que hubiera un mínimo de orden", sostuvo. Sin embargo, advirtió que cuando los controles oficiales se vuelven lentos, la espera de horas para regresar al país genera nuevos riesgos.

El interventor también cuestionó que Aguas Blancas soporte el impacto logístico del intenso movimiento comercial sin recibir beneficios equivalentes. Miles de personas usan la localidad como playa de estacionamiento para cruzar a Bermejo, mientras el municipio debe afrontar costos de limpieza y mantenimiento. Rechazó además que trabajadores bolivianos desarrollen actividades comerciales del lado argentino, priorizando los puestos de trabajo para los habitantes locales.

Una frontera que espera soluciones de fondo

Para Zigarán, el cierre de Finca Carina y la presencia de fuerzas federales son avances, pero la normalización definitiva requiere decisiones estructurales: regular el río Bermejo, transparentar las chalanas, establecer reglas fiscales y coordinar los controles con Bolivia. Sin esos cambios, advirtió, los circuitos ilegales seguirán adaptándose y manteniendo abiertas las vulnerabilidades de uno de los pasos más sensibles del norte argentino.