Alerta en las escuelas: abren convocatoria para sumarse al amparo por la alimentación

La Justicia entrerriana dio un paso clave en la causa por la alimentación escolar y ahora abrió un plazo de siete días para que todos los afectados se sumen al amparo colectivo. La medida, que busca proteger la salud de los estudiantes, pone en jaque al nuevo sistema de desayunos y meriendas implementado por el Gobierno provincial.

El conflicto comenzó cuando un grupo de padres, junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce, decidieron llevar a la Justicia al Ejecutivo provincial. El motivo: la implementación de un nuevo esquema de alimentación escolar que, según los demandantes, vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una comida saludable.

En el centro de la polémica está la empresa Teknofood SA, proveedora de los insumos licitados. Los productos comenzaron a ser cuestionados por su composición nutricional, lo que encendió las alarmas en las comunidades educativas.

¿Qué resolvió el juez?

El vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, ya había dictado una medida cautelar que frenó de inmediato el nuevo mecanismo de provisión centralizada. La resolución ordenó al Estado provincial abstenerse de distribuir productos no perecederos que contengan sellos de advertencia o leyendas precautorias, tal como lo establece la Ley de Alimentación Saludable.

Además, el magistrado dispuso que, mientras dure el proceso, se restablezca la modalidad de provisión vigente antes de la centralización. El objetivo es garantizar la alimentación de los alumnos sin interrupciones, una preocupación central para las familias.

La apelación de la Fiscalía

La Fiscalía de Estado no se quedó de brazos cruzados y presentó una apelación. Ahora, la discusión sobre la medida cautelar está en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que deberá definir si la decisión del juez Malvasio se mantiene o se revierte.

Mientras tanto, el sistema de alimentación escolar sigue bajo la lupa judicial. Se busca determinar si los productos industrializados ofrecidos cumplen con las leyes nacionales de protección integral y seguridad alimentaria, como las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.

¿Quiénes pueden sumarse?

En su resolución más reciente, el juez Malvasio habilitó una convocatoria pública para todas aquellas personas que se consideren afectadas o tengan un interés directo en este amparo colectivo. Los interesados tienen siete días, contados desde la última publicación oficial, para comparecer en el expediente, hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión.

La convocatoria se realizará durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial. El plazo es de 7 días desde la última publicación, y el objetivo es que nadie quede afuera de este proceso que busca tutelar el derecho de los estudiantes de las escuelas públicas provinciales.

El objeto del proceso es claro: proteger a los niños, niñas y adolescentes que reciben el programa alimentario escolar. La resolución también identifica como causa fáctica común la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante productos predeterminados. La decisión final podría sentar un precedente para la alimentación en las escuelas de toda la provincia.