Alerta en las escuelas: cambia el protocolo policial ante amenazas por redes
¿Qué pasa cuando una amenaza escolar se vuelve viral? El nuevo protocolo policial pone límites estrictos al manejo de datos de menores, pero con excepciones que pueden salvar vidas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación modificó las reglas de actuación de las fuerzas federales frente a las amenazas de violencia masiva en colegios difundidas por redes sociales. La Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, introduce un punto clave: queda prohibido el tratamiento de datos sensibles y publicaciones de menores sin autorización judicial.
La medida, impulsada por la ministra Alejandra Monteoliva, responde al aumento de ciberdelitos y a la necesidad de actualizar herramientas para enfrentar situaciones de urgencia. Según el texto, la normativa anterior resultaba "insuficiente" para dar una respuesta eficaz ante amenazas inminentes.
¿Qué cambia con la nueva resolución?
Se sustituye un inciso del artículo 3° de la resolución de mayo de 2024. Ahora, el personal policial debe ajustarse a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. En concreto, se prohíbe "el tratamiento sin autorización judicial de datos sensibles y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes". Si durante una tarea de prevención se detecta que el involucrado es menor de edad, la actividad debe suspenderse y registrarse, con aviso a la autoridad responsable.
¿Cuándo se permite la excepción?
La suspensión no aplica en cinco supuestos específicos: riesgo de vida para el menor; indicios de desamparo, fuga o sustracción; conducta autolesiva o suicida; cuando el menor sea víctima de un delito en tiempo real; y cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o integridad física de otros menores, incluyendo amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos u otros espacios públicos.
En todos estos casos excepcionales, el personal debe dejar constancia detallada en el libro de registro y comunicar inmediatamente a la autoridad responsable.
La resolución busca equilibrar la protección de datos de los menores con la necesidad de actuar rápido ante peligros reales. "El incremento de casos de público conocimiento vinculados a amenazas de violencia masiva en establecimientos educativos difundidas a través de plataformas digitales y redes sociales de acceso público ha puesto de manifiesto que la normativa vigente resulta insuficiente", señala el documento.
