Alerta en Santa Cruz: el plan del Gobierno que podría dejar sin techo a miles de inquilinos

El referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, encendió las alarmas: el proyecto de desregulación inmobiliaria del Gobierno nacional, si avanza, podría agravar la crisis habitacional y dejar aún más desprotegidos a quienes alquilan.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Solano fue contundente: eliminar regulaciones solo beneficia a los sectores con más poder económico y debilita las herramientas de protección para los inquilinos. “Siempre que se desregula algo, los que salen beneficiados son los más poderosos. Los que terminan perjudicados son los mismos de siempre, en este caso los inquilinos”, afirmó.

Si bien en Santa Cruz la matrícula inmobiliaria ya está desregulada, el proyecto nacional preocupa porque elimina controles sobre quienes ejercen la intermediación. “Es importante que haya un control de quienes realizan este trabajo”, señaló, y advirtió que una menor fiscalización podría favorecer el crecimiento de las estafas en el mercado.

Según indicó, ya existen casos de fraude, pero la situación podría empeorar si desaparecen los mecanismos de control profesional.

¿Vuelven las reglas para los alquileres?

Solano recordó que el proceso de desregulación comenzó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogó la Ley de Alquileres. Desde entonces, el panorama para quienes alquilan se deterioró. “Seguimos en un derrotero de crisis, cada vez un poquito peor para el sector que alquila”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de volver a establecer reglas para el mercado. “Las regulaciones existen para equilibrar relaciones desiguales de poder entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos. Cuando se deja todo librado al mercado, ganan quienes tienen el dinero”, expresó.

Otro punto abordado fue el crecimiento de los alquileres temporarios, una modalidad que reduce la oferta de viviendas para contratos permanentes y contribuye al aumento de los valores locativos. Solano afirmó que el Estado debería desarrollar políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda. “No se está pensando en solucionar el problema habitacional de las familias ni en generar una política de Estado para garantizar el acceso a una vivienda digna”, señaló.

La realidad en Río Gallegos

Consultado sobre la situación en Río Gallegos, Solano reconoció que en los últimos meses aumentó la cantidad de inmuebles ofrecidos tanto para alquiler como para venta, aunque lo atribuyó a la crisis económica y a la migración de familias que abandonan la provincia por falta de empleo y el alto costo de vida.

“No es que haya más oferta porque bajaron los precios. Los alquileres siguen aumentando y representan un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares”, aseguró.

Desde la asociación observan que muchas familias no logran sostener los contratos debido a los incrementos trimestrales. “La gente no está pudiendo llegar a cumplir un año de alquiler. En el primer o segundo aumento ya no puede seguir pagando y tiene que mudarse”, afirmó. Esa dinámica genera gastos adicionales por mudanzas, nuevos depósitos y comisiones, lo que obliga a muchos inquilinos a recurrir a créditos bancarios o préstamos con tasas elevadas.

“Estamos peor”

Finalmente, Solano aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres no mejoró el mercado, sino que incrementó la incertidumbre. “Antes existía la tranquilidad de permanecer tres años en un mismo lugar y los aumentos eran anuales. Hoy hay contratos de uno o dos años con actualizaciones cada tres o cuatro meses, e incluso algunos ni siquiera establecen cuándo se aplicarán los incrementos”, cuestionó.

Además, sostuvo que los mecanismos de actualización se volvieron cada vez más heterogéneos y, en algunos casos, se utilizan índices que “ni siquiera existen”, lo que deja a los inquilinos sin previsibilidad. “La situación ha empeorado claramente. El alquiler representa cada vez un porcentaje mayor de los ingresos familiares y la gente termina pagando porque necesita un techo donde vivir”, concluyó.