Alerta en Santa Cruz: un experto del CONICET revela qué se esconde detrás de la reforma de la Ley de Tierras

Alejandro Schweitzer, investigador del CONICET y docente de la UNPA, lanzó una advertencia sobre la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Radio Nuevo Día, señaló que la iniciativa no está sola: forma parte de un paquete de cambios que podrían afectar la soberanía sobre recursos estratégicos en Santa Cruz.

¿Qué propone el Gobierno?

Durante una entrevista en el programa "Fuera de Contexto", Schweitzer repasó la historia de la normativa que regula la compra de tierras por extranjeros. Recordó que las restricciones fueron cambiando con los años y que la ley actual pone límites para evitar la concentración excesiva en manos foráneas.

Pero la propuesta oficial apunta a eliminar esos frenos. "El gobierno actual lo que quiere es liberar directamente; no hay límite, cualquiera que quiera comprar, compra", afirmó el investigador.

Schweitzer advirtió que el debate no se limita a la tierra. Mencionó que también están en juego reformas en glaciares, incendios forestales, recursos hídricos y otros regímenes de inversión y explotación de recursos naturales.

Recursos estratégicos y soberanía en la mira

La principal preocupación del experto pasa por quién decidirá el futuro del territorio y sus riquezas. "No estamos hablando solamente de tierra. Estamos hablando de agua, glaciares, energía, pesca y de todos los recursos asociados al territorio", sostuvo.

Según Schweitzer, la Patagonia despierta un interés creciente por sus condiciones ambientales y recursos estratégicos. En ese marco, las reformas buscarían facilitar inversiones en nuevos negocios, como los créditos de carbono o proyectos tecnológicos.

Además, remarcó que flexibilizar las normas podría limitar la capacidad de las provincias para definir el destino de sus recursos y favorecer la fragmentación territorial según intereses privados.

¿Qué pasaría en Santa Cruz?

Schweitzer indicó que Santa Cruz aún tiene normas propias que protegen ciertos recursos, como la ley de glaciares y restricciones a la minería. Sin embargo, advirtió que eso podría cambiar si las reformas nacionales avanzan y las provincias adhieren.

También cuestionó la promesa de empleo y divisas. "El discurso de que trae trabajo es mentira", expresó, al señalar que los regímenes de promoción de inversiones reducen exigencias como el compre local o la contratación de trabajadores provinciales.

Finalmente, sostuvo que el debate trasciende la propiedad de la tierra y toca la producción de alimentos y el acceso a recursos esenciales. "Corremos el riesgo de que decidan cada vez más lejos de donde estamos nosotros qué hacer con la tierra, con el agua y con la energía", concluyó.