Alerta por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: ¿qué pasará con los inquilinos?

El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, encendió las alarmas sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción en el Senado y podría transformar las reglas de juego entre propietarios e inquilinos.

La iniciativa, que ahora debe ser ratificada por Diputados, introduce cambios en los procedimientos de desalojo y expropiaciones. Pero el Ombudsman provincial advierte que existe una gran confusión sobre su alcance real, especialmente en los llamados “desalojos exprés”.

¿Qué cambios propone la reforma?

Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de que un juez ordene la entrega inmediata de un inmueble si considera que el derecho del propietario es verosímil, con una simple caución juratoria.

Además, el dueño podría pedir que se intime la devolución de la propiedad en un plazo de 72 horas, siempre que presente la documentación que acredite su titularidad.

En el caso de alquileres, los propietarios podrán intimar a los inquilinos morosos, pero deberán otorgarles un mínimo de 10 días corridos para saldar la deuda. La notificación se hará en el domicilio del contrato o por correo electrónico.

Si el inquilino no regulariza, el desalojo podría concretarse en 10 días hábiles, un plazo mucho más corto que los actuales.

¿Qué pasa con los casos más vulnerables?

La reforma contempla que, si hay menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá intervenir de forma obligatoria a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar.

Para Gialluca, la discusión no puede ignorar el contexto económico. Según la última Encuesta Nacional Inquilina, el 72,9% de los hogares inquilinos en Argentina tiene deudas activas.

De ese total, el 55,3% se endeudó para comprar alimentos y el 37% para pagar el alquiler. “Con lo cual el costo del techo se come los salarios y se producen los desalojos silenciosos o económicos”, señaló.

El impacto en los contratos

Más allá de los plazos, Gialluca remarcó que la reforma obligará a propietarios e inquilinos a ser más cuidadosos con los contratos. Recomendó precisar domicilios físicos y electrónicos, formas de pago, causales de incumplimiento y condiciones de entrega del inmueble.

También destacó la importancia de conservar toda la documentación: contratos, comprobantes de pago y notificaciones, ya que la prueba documental será clave en los nuevos procedimientos.

¿Qué pasa en Formosa?

Gialluca aclaró que la ley modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, pero cada provincia tiene su propio código.

En Formosa, sigue vigente el artículo 1222, que otorga a los inquilinos 10 días corridos para cancelar la deuda antes de un juicio de desalojo. Para locales comerciales, ese plazo puede acordarse libremente.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, el Defensor del Pueblo insiste en que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones, y que los contratos sean claros para evitar sorpresas.