Alerta por la reforma de la Ley de Tierras: advierten que pone en riesgo la soberanía y los recursos del país

La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional encendió todas las alarmas. María Elina Serrano, integrante de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, salió a cuestionar el proyecto y aseguró que esconde una modificación grosera que flexibiliza la compra de campos por extranjeros.

En diálogo con CIUDAD TV, Serrano explicó que la iniciativa quiere elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales en manos foráneas y eliminar restricciones en zonas ribereñas, cuerpos de agua y áreas de frontera. "La tierra es un bien escaso, es un patrimonio estratégico del país", remarcó.

¿Qué dice realmente el proyecto?

La normativa vigente desde 2011 establece un tope a la propiedad rural extranjera y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para saber quiénes son los dueños. Según Serrano, el nuevo texto presentado bajo un título "rimbombante" apunta a desarmar ese esquema de control.

"Detrás de ese título tan rimbombante se esconde una modificación grosera a la Ley de Tierras", afirmó. No obstante, aclaró que la discusión no va contra las personas extranjeras, sino que busca fijar reglas claras sobre un recurso estratégico.

El vínculo con el RIGI y la especulación en la Patagonia

La referente también vinculó esta reforma con otras iniciativas del Gobierno, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cambios en leyes de uso del suelo. En ese marco, advirtió que eliminar restricciones posteriores a incendios forestales podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria en zonas de alto valor ambiental, sobre todo en la Patagonia.

Movilización y rol de los medios

Serrano destacó que el rechazo social fue clave para que el proyecto no avanzara en su primer intento. "Si algo sale bien mañana es por el trabajo tanto de la comunidad como de los medios", expresó, valorando la participación ciudadana en el debate.

En la provincia del Chaco, el 2,7% de la superficie está en manos de extranjeros. Por eso, se convocó una manifestación con organizaciones sociales, universidades e instituciones para pedir a los legisladores un "voto consciente" durante el tratamiento del proyecto, previsto para el jueves.