Allanamiento en Rincón de los Sauces: encontraron una caja fuerte oculta en la cocina y no estaba vacía

Una mujer y un hombre quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas tras una serie de allanamientos en Rincón de los Sauces. La fiscal del caso, Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli, formuló los cargos en una audiencia en la que también se pidió la clausura de un inmueble usado como punto de venta.

El operativo se realizó el viernes 11 de septiembre en una vivienda de esa localidad. Allí, según detalló la fiscal, se secuestraron 252 gramos de cocaína que estaban escondidos en una caja fuerte embutida en una pared de la cocina, distribuidos en tres envoltorios de nylon negro. En el mismo lugar se hallaron otros 12,79 gramos de cocaína en dos envoltorios, cantidades menores de cannabis y una balanza de precisión digital.

El allanamiento también dejó al descubierto $4.653.200 en efectivo, en su mayoría en billetes de $1.000 y $2.000, junto a una máquina contadora de dinero. Los investigadores secuestraron además una pistola semiautomática calibre .22 oculta en un entretecho, con ocho municiones en el cargador y apta para disparar, más otras 134 municiones de distintos calibres: 47 de 9 milímetros y 87 de .22, entre otras.

El arma en la camioneta

Respecto de A.R.D., la fiscal precisó que al momento del allanamiento llevaba encima una pistola semiautomática Browning calibre 9 milímetros, sin numeración visible, con tres municiones en el cargador. El arma estaba en la camioneta que conducía, ubicada junto al freno de mano y al alcance de su mano derecha. En ese mismo vehículo se encontró un envoltorio con 5,15 gramos de cocaína.

También fueron secuestradas dos camionetas Toyota blancas y dos teléfonos celulares que serán peritados. Según Titanti, los vehículos ya habían sido identificados durante la investigación y aparecían mencionados en las denuncias como parte de la operatoria investigada.

Así empezó la investigación

La fiscal explicó que la causa se inició en julio de este año a partir de denuncias anónimas recibidas a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. Al menos siete denuncias vinculaban a los imputados con la venta de estupefacientes en distintos puntos de Rincón de los Sauces.

Con esa información, el Departamento Antinarcóticos de la Policía realizó tareas de observación sobre domicilios y puntos de venta. Se detectaron movimientos compatibles con la comercialización de drogas, incluyendo personas que trasladaban bolsas desde y hacia las viviendas investigadas. También se usaron drones y se concretaron nueve allanamientos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Para la fiscalía, el resultado de los procedimientos fortaleció la hipótesis investigada, sobre todo por el hallazgo de cocaína fraccionada, la balanza, la máquina contadora de dinero, el efectivo, las armas y los vehículos. Resta analizar información financiera, los teléfonos y otros elementos secuestrados, además de profundizar la vinculación de los imputados con otros puntos de venta y personas investigadas.

Qué pidió la fiscalía y qué resolvió el juez

La asistente letrada Galia Borelli fundamentó el pedido de una medida de coerción. Señaló que la investigación está en etapa inicial y que aún deben realizarse diligencias sobre los teléfonos, la información financiera y posibles integrantes de la cadena de comercialización. Mencionó también la existencia de testigos con identidad reservada que manifestaron temor por los imputados.

Sobre S.A.A., Borelli indicó que al momento de la detención intentó apagar su teléfono celular y consideró que la disponibilidad de dinero, vehículos y otros bienes podía favorecer un intento de fuga. Respecto de A.R.D., destacó la mayor gravedad de la pena en expectativa por la imputación vinculada con el arma de uso civil condicional y señaló que se detectaron movimientos económicos que no se correspondían con su actividad laboral declarada.

La fiscalía solicitó dos meses de prisión domiciliaria para ambos en lugar de prisión preventiva, al considerar que la medida resultaba proporcional porque tienen un hijo de 8 años. También pidió que la domiciliaria se controle con tobillera electrónica y que se dispongan rondines policiales hasta la colocación del dispositivo.

El juez Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses. Además dispuso la clausura cautelar del inmueble que se usaba para vender los estupefacientes y ordenó la detención domiciliaria de ambos imputados, aunque no por el plazo que pidió la fiscalía: será por 45 días, hasta el 27 de octubre, con monitoreo electrónico y al menos dos rondines policiales diarios hasta que se coloque la tobillera.