Allanamiento por drogas en el Violeta Parra: la familia ocupante sigue en el edificio y la policía no se mueve del lugar

La tensión no cede en el Centro de Residentes Chilenos Violeta Parra de General Roca. Tras el allanamiento del viernes, la Comisión Directiva espera que la mujer y su hijo abandonen el edificio, mientras un móvil policial custodia la entrada ante posibles nuevos incidentes.

El operativo de la Policía Federal Argentina, realizado el viernes 21 de agosto, terminó con un hombre detenido y el secuestro de cocaína, marihuana, una balanza y dinero. Pero la historia no termina ahí: la madre y el hijo que ocupaban la planta alta siguen sin irse, y la institución no sabe cuándo podrá recuperar ese espacio.

¿Qué pasó durante el allanamiento?

La investigación por venta de estupefacientes llevó a los federales al segundo piso del edificio, donde funciona el centro cultural. Las personas involucradas, identificadas como madre e hijo, no tenían ningún vínculo con la organización que agrupa a residentes chilenos.

Según explicó Pedro Barría, secretario de la institución, la familia ocupaba de manera no autorizada ese sector. Llevaban entre seis y ocho años instalados allí, y durante ese tiempo hubo distintos conflictos con la Comisión Directiva.

La madrugada que encendió las alarmas

El allanamiento fue el viernes por la tarde, pero la situación se tensó aún más durante la madrugada del sábado. Alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de unas diez personas intentó ingresar por la fuerza al edificio, armados con barrotes y otros elementos.

Los integrantes de la Comisión Directiva que estaban en contacto con la Fiscalía de turno lograron avisar rápidamente. Personal de la Comisaría 21° llegó al lugar y dispuso una guardia permanente. Desde entonces, un móvil policial permanece en la puerta del Violeta Parra.

Barría contó que la institución ya preveía que podían producirse situaciones de tensión, por eso esa noche también habían contratado seguridad privada.

El largo camino para recuperar el espacio

La actual Comisión Directiva viene peleando hace tiempo por recuperar la totalidad del edificio. Cuando lograron acceder con intervención judicial, encontraron un lugar deteriorado, con problemas en los servicios y sin habilitaciones.

“Estamos en estado de espera sobre el tema del desalojo”, sostuvo Barría, y remarcó que es fundamental que la familia retire sus pertenencias y deje de ingresar al establecimiento. “Para nosotros es imprescindible que esta familia no entre más al edificio y se retire con sus cosas”, afirmó.

El centro funciona con actividades culturales y sociales que generan recursos para el mantenimiento. En los últimos años se hicieron arreglos en instalaciones eléctricas, techos e impermeabilización, además de regularizar los servicios de luz, gas y agua y obtener las habilitaciones municipales.

Los espacios de la planta alta fueron utilizados en otros momentos como oficinas, consulado, dependencias de Migraciones y alojamiento para ciudadanos chilenos que llegaban a la ciudad. La expectativa es recuperarlos para ampliar las actividades.

Mientras tanto, la presencia policial continúa en el lugar y la Comisión Directiva aguarda que la situación se resuelva para retomar el funcionamiento normal del centro.