Allanaron al financista rosarino que denunció a los Pujol: la causa que une Rosario con Barcelona
El operativo de este miércoles no fue un simple allanamiento: el financista ya tenía una condena por narcotráfico, pero ahora la Justicia lo volvió a buscar por una red que cruza océanos y llega hasta la familia Pujol. Lo que encontraron en el departamento podría cambiar el rumbo de la causa.
La Justicia federal allanó este miércoles el departamento de Urquiza al 2000, donde cumple arresto domiciliario el financista Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR). El operativo, a cargo de la Gendarmería Nacional, se enmarca en una causa por una presunta red de lavado de activos que incluye el pedido de tres detenciones y el embargo de varios bienes.
Según fuentes judiciales, el expediente tiene una vinculación directa con la investigación que se originó en Barcelona por el patrimonio de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol y, en especial, por las maniobras de blanqueo atribuidas a su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, conocido como Jordi Pujol Jr.
La conexión Barcelona-Rosario
La historia arrancó a principios de los 2000, cuando Pujol Jr. se quedó con la concesión del Puerto de Rosario a través de sociedades pantalla en el exterior. Shanahan fue el socio local del grupo catalán en la TPR.
Años después, el propio financista confesó públicamente cómo se invirtió dinero no declarado en la Argentina: fondos de negocios irregulares en España que circulaban por fideicomisos, sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. Él mismo habló de 12 millones de dólares lavados en el puerto rosarino.
La hipótesis de los investigadores es que esas viejas estructuras de testaferros y sociedades diseñadas para la causa de Barcelona siguieron activas en los últimos años, pero ahora para reciclar dinero de origen ilícito.
Un cruce entre corrupción y narcotráfico
Shanahan ya fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión domiciliaria por usar una cueva financiera en la city rosarina para vender dólares blue con sobreprecio a bandas narco, entre ellas la del recluso peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.
Pero los nuevos allanamientos, autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, amplían el foco. La causa es impulsada por los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procelac, junto a Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal de Casos Complejos de Rosario.
Para la Justicia, el entramado no solo servía para lavar plata de la venta de droga a nivel local, sino también para resguardar activos de la corrupción corporativa y de los negocios internacionales que vienen de la trama de Barcelona. Con las órdenes de detención y los embargos en marcha, buscan desarticular el circuito financiero ilegal y congelar el patrimonio armado con esas maniobras.
