Allanaron el basural de El Chaltén y la Prefectura terminó en la puerta de la casa del intendente

La Justicia Federal volvió a meter mano en el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén, en el marco de una causa penal que investiga un presunto delito ambiental. El nuevo allanamiento, ordenado por la jueza federal de Garantías Mariel Borruto a pedido del fiscal Julio Zárate, busca medir el alcance real de la contaminación y su impacto sobre las cuencas hídricas que rodean la localidad cordillerana, con el río Fitz Roy como principal preocupación.

El operativo desplegado en el predio de la Costanera Norte contó con personal especializado de la División Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Río Gallegos. Los uniformados realizaron un relevamiento pericial que incluyó registros fotográficos, material audiovisual en alta resolución y la extracción de nuevas muestras de suelo, agua y líquidos no identificados hallados en el terreno.

Pero la jornada no se limitó a la planta de residuos. Efectivos de la fuerza de seguridad también se presentaron en la vivienda particular del intendente Néstor Ticó para notificarlo formalmente sobre el avance de la causa. La presencia de la patrulla en la residencia del jefe comunal sorprendió a los vecinos y disparó versiones en la pequeña comunidad cordillerana. Luego se confirmó que la diligencia estaba directamente vinculada al expediente que investiga el funcionamiento del CARRI.

Una causa que viene de marzo

El caso acumula antecedentes. El primer allanamiento se realizó el pasado 13 de marzo, cuando los peritos judiciales detectaron irregularidades graves en la gestión del predio.

En aquella oportunidad, los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de hidrocarburos, grasas y aceites tanto en el suelo natural como en muestras de agua. Las inspecciones oculares revelaron un panorama desolador: tambores y recipientes con químicos abandonados a la intemperie, ausencia total de membranas de impermeabilización o sistemas de contención de lixiviados, y montículos de residuos enterrados y camuflados precariamente con ramas a escasa distancia de la ribera.

El golpe judicial que ya pesa sobre el municipio

Este nuevo allanamiento llega apenas dos semanas después de que la Justicia Federal dictara una medida cautelar que restringió la operación del CARRI por 90 días. La resolución prohibió el enterramiento, la quema o cualquier forma de disposición final de basura dentro del predio, y limitó su funcionamiento a tareas de acopio, clasificación, compactación y despacho de residuos inorgánicos secos y limpios hacia centros de tratamiento habilitados.

Además, el dictamen intimó al municipio a cercar, señalizar y sanear de inmediato las áreas críticas donde se acumulan sustancias potencialmente nocivas para la salud pública.

Qué buscan los nuevos muestreos

Con esta nueva ronda de análisis, la fiscalía pretende afinar los márgenes de precisión del daño ambiental: determinar la concentración exacta de los contaminantes, su mapa de dispersión subterránea y el grado de penetración en las napas que alimentan al río. Los resultados de los laboratorios periciales serán determinantes para confirmar la hipótesis penal del Ministerio Público Fiscal y definir eventuales imputaciones hacia los responsables de la gestión municipal.