Allanaron el puerto de Ushuaia y un especialista apuntó contra la Provincia: "No pueden ser convidados de piedra"

El allanamiento del puerto de Ushuaia, dispuesto por el Juzgado de Instrucción N° 2, reabrió un debate que excede la causa: qué pasa con los residuos que generan los barcos que operan en la terminal. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la respuesta tiene un responsable claro y es el Estado fueguino.

El procedimiento judicial llegó después de una denuncia de la Fiscalía de Estado provincial, que apuntó a los obstáculos recurrentes que habrían impedido el ingreso de los inspectores de la Secretaría de Ambiente. Desde enero, el puerto está en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Tres tipos de desechos, tres normas distintas

Nápoli aclaró de entrada que no iba a pronunciarse sobre la causa, pero sí trazó el mapa técnico del problema. Los buques, explicó, producen tres clases de residuos. Los domiciliarios, atados a la alimentación y la vida a bordo; los patogénicos, porque las embarcaciones cuentan con enfermerías; y los peligrosos, vinculados con combustibles, hidrocarburos y el funcionamiento de las máquinas.

"Todo eso tiene tratamientos diferentes, todo eso tiene normativa específica", remarcó el especialista. Y agregó que esas reglas son, en lo esencial, de competencia provincial: "La cuestión ambiental es eminentemente local, eso es básico". El tratamiento, sostuvo, debe resolverse cerca del lugar donde se genera el impacto.

De la cuna a la tumba

Para los residuos peligrosos, Nápoli puso el foco en la Ley provincial 105, que crea un registro de generadores y regula la manipulación y el traslado de esos materiales. El principio que rige, según describió, es el de la responsabilidad extendida.

"El responsable de la producción del residuo es responsable, como se denomina, del derecho de la cuna a la tumba, del momento que lo produce al momento que se pierde su efecto, por lo cual es una cuestión que no puede pasar por múltiples manos o por cuestiones de opacidad, de no saber qué sucede con los residuos, dónde van a parar", afirmó.

El especialista sumó otro elemento: al tratarse de una terminal portuaria, entra en juego el impacto sobre el agua. Recordó que la Ley provincial 1126, que ordena la gestión integral de los recursos hídricos, contempla un plan de aguas y un proceso de protección, y ratifica el dominio de la Provincia sobre esos recursos.

El reclamo: gestión directa y no un rol pasivo

Nápoli reclamó que los organismos locales asuman un papel protagónico en el control. "Las autoridades provinciales no pueden ser convidados de piedra en esto, tienen que ser gestores directos, porque en definitiva van a tener la responsabilidad final", advirtió.

Y anticipó el escenario que, a su juicio, terminaría por definir responsabilidades: "Imagínense si un día existe una demanda que tiene que ver con estos residuos, ¿a quién se lo van a hacer? ¿Se lo van a hacer a la Nación? No, se lo van a hacer a la Provincia".

Qué pasa después del allanamiento

El especialista recordó que la legislación sobre residuos peligrosos prevé penas de prisión de tres a diez años, y subrayó que la clave no está en el operativo en sí sino en lo que ocurra después.

"Hoy es un allanamiento, es una cuestión puntual. Se podrá detectar que realizaron bien, mal o regular la gestión de los residuos, cosa que en residuos peligrosos no da ni para regular ni para mal", señaló. La gestión, insistió, debe hacerse con trazabilidad y destino conocido.

También consideró correcto que se registre la situación, porque eventualmente podrían surgir responsabilidades. "Quienes la ordenaron y quienes forman parte de la intervención van a tener que ser responsables eventualmente", concluyó.