Allanaron la casa de la ex de Pillín Bracamonte y encontraron algo que no esperaban

La Justicia federal volvió a meter mano en el entramado económico que Andrés "Pillín" Bracamonte construyó durante años al frente de la barra brava de Rosario Central. A casi dos años de su asesinato, los fiscales sospechan que la red de negocios que montó siguió funcionando después de su muerte, con allegados y familiares usufructuando, alquilando o transfiriendo propiedades.

El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó seis allanamientos simultáneos el pasado 28 de septiembre en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo. Los procedimientos fueron impulsados por la Procelac, la Procunar y la Unidad Fiscal Rosario, y ejecutados por Gendarmería Nacional.

Qué encontraron en los allanamientos

El operativo dejó un balance que confirma el volumen económico bajo sospecha: los agentes secuestraron 11 vehículos de variada gama, una motocicleta de 1.200 cc, ocho relojes Rolex, casi 4,8 millones de pesos en efectivo y una pistola calibre .22 con cargadores y municiones. También se incautaron computadoras, teléfonos celulares, soportes digitales y documentación contable que los fiscales consideran clave para la causa.

Los domicilios allanados incluyen la vivienda de la última pareja de Bracamonte en el barrio privado Los Álamos, en Ibarlucea; el inmueble donde residían su exesposa y su hijo en Rosario; propiedades asociadas a Fernando Rigiracciolo y Eduardo Langhi en Granadero Baigorria; un domicilio vinculado a Carlos Vergara y la sede central de ATE Servicios Integrales SRL en San Lorenzo.

El regreso de Vergara y el cordón industrial

Entre los nombres que reaparecen en la investigación figura Carlos Vergara, exsecretario general de la seccional San Lorenzo de la Uocra. Su vínculo con Bracamonte tiene un antecedente explosivo: en noviembre de 2023, ambos fueron detenidos en una causa provincial por asociación ilícita y extorsiones sistemáticas a empresas constructoras del cordón industrial.

Según aquella acusación, a las firmas que operaban en la región se les imponía la contratación obligatoria de servicios de viandas, alquiler de baños químicos y otras exigencias comerciales como condición para no paralizar las obras. En los operativos de 2023, la Policía secuestró 39,1 millones de pesos, 18.300 dólares e inhibidores de frecuencia en la casa de Vergara, mientras que en la residencia de Bracamonte se hallaron unos 6 millones de pesos.

La causa federal actual sostiene que esas maniobras no solo constituyeron un delito de extorsión previo, sino que sirvieron como usina para generar capitales opacos que luego habrían ingresado al circuito legal mediante sociedades pantalla y la adquisición de bienes registrables.

Las sociedades bajo la lupa

ATE Servicios Integrales SRL ocupa un lugar central en el organigrama bajo sospecha. La firma, antes registrada como Vanefra, había sido señalada por los fiscales provinciales como la cáscara utilizada para viabilizar las contrataciones forzadas a las constructoras de la región.

Junto a esa empresa, los investigadores siguen la pista de una red societaria integrada por Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística y Welding & Company. La hipótesis es que estas estructuras habrían funcionado como mecanismos de ingeniería financiera para inyectar divisas ilícitas y darles apariencia de legalidad.

Los bienes y el decomiso sin condena

La reconstrucción patrimonial de los peritos fiscales expone una marcada desproporción entre los ingresos declarados por los investigados y su nivel de vida. Entre los activos bajo la lupa judicial figuran un BMW M2, unidades Volkswagen Amarok, un Mini Cooper, una motocicleta Yamaha R1, un Volkswagen Scirocco, departamentos en Rosario, inmuebles residenciales y hasta una moto de agua Sea-Doo.

A diferencia de los procesos de lavado tradicionales que se frenan tras la muerte del principal imputado, los fiscales consideran que la red comercial montada en torno a Bracamonte continuó operando tras su fallecimiento en noviembre de 2024.

Ante este cuadro, la Fiscalía solicitó embargos preventivos sobre los sospechosos por un monto total de hasta 600 millones de pesos y requirió formalmente el decomiso de los bienes que figuraban a nombre de "Pillín". Para sortear el obstáculo legal que implica la extinción de la acción penal por la muerte del imputado, los fiscales invocaron la aplicación del artículo 305 del Código Penal, una figura que faculta a los magistrados a decretar el decomiso de bienes de origen ilícito aun en ausencia de una condena firme cuando el acusado ha fallecido.