Allanaron la casa de un militante por Palestina: qué se llevaron y por qué hablan de "persecución"

La Justicia federal ordenó un allanamiento en el domicilio de Mariano Soria, militante de la Asamblea por Palestina de Rosario, en el marco de una causa penal que organismos de derechos humanos y gremios califican como una escalada de hostigamiento. Durante el operativo, los efectivos secuestraron su teléfono celular y su motocicleta, y fotografiaron publicaciones gráficas y revistas sobre el conflicto en Medio Oriente.

Soria no quedó detenido, pero enfrenta acusaciones penales que incluyen figuras como "terrorismo", "incitación a la discriminación" y "antisemitismo", según denunciaron desde la Asamblea por Palestina y organizaciones de derechos humanos.

El origen de la causa

El expediente se abrió a partir de una jornada pública realizada meses atrás en la sede del sindicato ATE Rosario, donde se denunció la situación de los prisioneros palestinos y el genocidio en la Franja de Gaza. En esa oportunidad, la irrupción de fuerzas policiales provinciales obligó a interrumpir la actividad y puso a Soria en el centro de la escena por sus declaraciones públicas en repudio a la presencia de los uniformados.

Desde las organizaciones denunciantes remarcan que la medida judicial no puede analizarse como un hecho aislado. La insertan en un contexto de presión e intimidación política que sumó otro capítulo en la ciudad: el pedido de informes del gobierno nacional a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tras la proyección del documental "La Gran Palestina" en la Facultad de Humanidades y Artes.

Funcionarios de la Casa Rosada y el propio presidente Javier Milei tildaron esa proyección de "propaganda terrorista". El episodio derivó en el anuncio de un sumario e investigación interna por parte del rectorado de la UNR, postura que fue duramente cuestionada por el gremio docente rosarino Coad, que advirtió que no tolerará el ejercicio de una "policía del pensamiento" ni el disciplinamiento de la comunidad universitaria.

"Un castigo anticipado"

«El uso de carátulas tan graves como "terrorismo" para perseguir a quienes participan de charlas públicas o difunden material de denuncia sobre la situación en Gaza busca generar un efecto paralizante sobre la militancia y las instituciones», expresaron referentes del espacio. Además, advirtieron que el secuestro de herramientas de trabajo y transporte personal funciona en los hechos como un "castigo anticipado" sin condena ni justificación probatoria.

Frente al procedimiento contra Soria, distintas organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de Rosario comenzaron a articular una respuesta unificada. Entre los reclamos urgentes exigen la restitución inmediata de los elementos secuestrados, el cese del hostigamiento judicial y el archivo definitivo de las actuaciones penales.

«Levantar la voz y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos en Gaza no es un delito. Exigimos que se garantice el derecho a la libre expresión y que cese la persecución contra militantes, docentes y estudiantes en nuestra ciudad», concluyeron.