Allanaron un terreno de "Budín" Ibáñez y encontraron papeles que la Justicia considera clave
Policiales · Santa Cruz

Allanaron un terreno de "Budín" Ibáñez y encontraron papeles que la Justicia considera clave

Los operativos se extendieron a once puntos de Santa Cruz. En un terreno del barrio El Faro aparecieron papeles que los investigadores consideran de "alto impacto" para las causas que salpican a Lázaro Báez.

Un terreno sin número sobre la calle Guillermo Nasif, en el barrio El Faro de Río Gallegos, quedó en el centro de la escena judicial. Allí, según pudo confirmar La Opinión Austral, se secuestró documentación e información que fuentes vinculadas a los operativos calificaron como de "alto impacto" para las causas que investigan narcotráfico y lavado de activos en Santa Cruz.

El inmueble figura en el listado de objetivos judiciales a nombre de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", uno de los principales investigados en los expedientes que también salpican a Lázaro Báez. El material incautado será analizado para determinar qué contiene y si permite ahondar en las maniobras que se le atribuyen a Ibáñez y en sus posibles conexiones con otros sospechosos.

El procedimiento fue ejecutado por la División Narcocriminalidad de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Once allanamientos en tres localidades

Las diligencias arrancaron cerca de las 9 de la mañana y abarcaron once objetivos distribuidos en Río Gallegos, 28 de Noviembre y El Calafate. En la capital provincial, además del terreno del barrio El Faro, los agentes ingresaron a inmuebles de la calle Caseros en el barrio 2 de Abril y de la calle Piloto Lero Rivera al 1300, donde se encuentra un galpón que también fue registrado.

En 28 de Noviembre, los allanamientos apuntaron a propiedades de los hermanos Toledo, quienes ya habían sido investigados en la megacausa de contrabando conocida como "Alianza Austral". En la cuenca, los federales revisaron dos inmuebles: uno vinculado a Pablo José Toledo en el barrio 700 Lotes y un departamento del edificio 34 de Scalabrini Ortiz relacionado con Maximiliano Guillermo Toledo.

El despliegue también llegó al campo. Se allanaron las estancias El Molle, La Fe y El Paso; Guarumba; La Santafesina y la sección La Ana; Los Médanos; y La Verdadera Argentina. En todos esos establecimientos rurales se buscó reunir documentación y elementos vinculados a las personas alcanzadas por las órdenes judiciales. Son propiedades de Lázaro Báez que la Justicia embargó en el marco de la causa por la Ruta del Dinero K.

Durante los operativos se secuestró una máquina vial y una considerable cantidad de información y papeles relacionados con distintas actuaciones judiciales de alcance nacional. Además, se intentó identificar otros bienes que podrían estar ligados a las maniobras bajo investigación.

Por qué "Budín" Ibáñez aparece en las dos causas

Los procedimientos se enmarcan en dos expedientes federales que tienen puntos de contacto pero investigan hechos y responsabilidades por separado.

En la causa patrimonial, la Fiscalía formalizó la investigación contra Lázaro Báez y otras diez personas por presuntas maniobras de administración irregular de bienes, asociación ilícita y lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que el empresario habría seguido dirigiendo operaciones desde el penal de Ezeiza a través de gente de su entorno, para administrar y explotar activos que debían permanecer alcanzados por medidas judiciales.

En ese expediente, Ibáñez fue señalado como uno de los operadores centrales. La acusación le atribuye tareas de administración de establecimientos rurales, cobro de alquileres y gestión de bienes relacionados con Báez. También se analizaron sus movimientos financieros, las transferencias que recibió y operaciones con vehículos y otros activos de alto valor.

En la investigación por narcotráfico, en cambio, Ibáñez fue imputado como uno de los integrantes relevantes de una presunta organización dedicada a la provisión y distribución de estupefacientes en la región. La pesquisa examina su participación en reuniones, la disponibilidad de vehículos y operaciones económicas que podrían estar vinculadas a la actividad investigada.

La coincidencia de Ibáñez en ambos expedientes explica en buena medida la relevancia de los procedimientos. También aparecen en las dos investigaciones Jorge Elías Agüero, Jorge Manuel Ulloa y Valentina Devetac. Las imputaciones y los hechos que se les atribuyen a cada uno deben analizarse dentro de cada causa.

La ruta de la cocaína y las conexiones con otras provincias

La investigación por narcotráfico reconstruyó un presunto circuito de provisión y distribución de drogas que habría conectado distintos puntos de la Patagonia. Uno de los lugares bajo la lupa es el lavadero y lubricentro Esperanza Trucks, en Río Gallegos, que según la hipótesis fiscal habría funcionado como espacio de recepción, acopio y articulación de operaciones.

La causa cobró mayor dimensión tras el operativo "Ruta Austral", realizado en octubre en Comodoro Rivadavia, donde se incautaron más de 61 kilos de cocaína, además de otros estupefacientes y elementos que se incorporaron a la investigación.

A partir de escuchas telefónicas y otros elementos reunidos, los investigadores buscaron establecer las conexiones entre personas radicadas en distintas jurisdicciones y el posible traslado de cargamentos hacia Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el expediente santacruceño también se describieron presuntas operaciones de comercialización de cocaína y el hallazgo de estupefacientes en domicilios de Río Gallegos. Entre los hechos incorporados a la imputación figuran dos presuntas ventas de 66,43 y 439,88 gramos de cocaína, además del secuestro de 725 gramos de esa sustancia y 1.305 gramos de cannabis en una vivienda de la ciudad.

La documentación, bajo la lupa judicial

En paralelo, la investigación patrimonial busca establecer quiénes habrían intervenido en la administración y disposición de bienes vinculados con Báez, cómo se habrían concretado esas operaciones y si existieron mecanismos para eludir las restricciones judiciales sobre esos activos.

Entre los elementos examinados figuran establecimientos rurales, maquinaria, vehículos, contratos de explotación, alquileres y movimientos financieros entre personas del entorno del empresario. En ese contexto, la documentación secuestrada en el terreno del barrio El Faro podría aportar información sobre las relaciones económicas y patrimoniales que la Fiscalía intenta reconstruir.

El análisis del material incautado permitirá determinar su alcance y si contiene elementos que respalden o amplíen las hipótesis de los investigadores. Por ahora, las causas siguen en etapa de investigación y las responsabilidades penales deberán ser establecidas por la Justicia.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante los procedimientos se secuestró una máquina vial y una importante cantidad de documentación e información vinculada con distintas causas judiciales de alcance nacional. Fuentes relacionadas con los operativos calificaron parte del material incautado como de "alto impacto".

La Fiscalía también puso bajo análisis movimientos financieros y operaciones realizadas por personas del entorno del empresario. En el expediente se describieron transferencias entre investigados, adquisición de vehículos de alto valor y presuntas maniobras para mantener o disponer de bienes cuya situación judicial debía ser preservada.

Los nuevos allanamientos suman otra instancia de recolección de documentación y elementos materiales. Su análisis permitirá establecer si la información secuestrada guarda relación con las maniobras investigadas y si aporta datos sobre bienes o personas vinculadas con los expedientes.

Las causas continúan en etapa de investigación. Las responsabilidades penales de las personas involucradas deberán ser determinadas por la Justicia.

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