Allanaron una inmobiliaria y un sindicato tras el rastro del dinero de una banda narco: ¿qué encontraron?

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ordenó allanar una inmobiliaria en Puerto Norte y un sindicato en Rosario, siguiendo el dinero de una banda narco desbaratada en noviembre con 52 kilos de cocaína incautados. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó las medidas en el marco de la causa FRO 11201/2026, que investiga inversiones en propiedades de Ariel Fernando Suppa, imputado por distribución mayorista de droga.

El lunes, la PSA buscó allanar la firma JR Negocios Inmobiliarios en Córdoba al 1400, pero la empresa había dejado esas oficinas hace al menos cinco años. Luego, se dirigieron a las oficinas de Grupo Roma en avenida Carballo 186, Puerto Norte, donde se llevaron papeles y documentos de interés.

Pero la redada no terminó allí. El personal también se presentó en San Lorenzo 2067, sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara sede Rosario), donde secuestraron dos boletos de compraventa que entregó el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz.

¿Qué dijo la inmobiliaria allanada?

Desde Grupo Roma, el titular Pablo Cofano emitió un comunicado para despegarse de las operaciones atribuidas a los presuntos integrantes de la banda narco. “Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no se trató de un allanamiento) a fin de requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes que presuntamente habría adquirido una persona que se encuentra en carácter de imputado”, afirmó.

Agregó que la desarrolladora había vendido dos lotes en 2019, con justificación de fondos y trazabilidad exigida por la UIF, y cumplió con entregar toda la información a los fiscales Andrés Carro Rey y Juan A. Argibay Molina. Sobre la supuesta venta de tres lotes más, indicó que nunca se concretó y solo existió una reserva con una inmobiliaria externa.

La banda narco que movía 750 kilos de cocaína

En diciembre, 13 presuntos integrantes de la organización narco fueron imputados ante el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz, quien ordenó prisión preventiva. Los fiscales federales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra afirmaron que traían droga desde Bermejo, Bolivia, por vía terrestre para distribuirla en la región.

Para comprender el volumen, indicaron que en los últimos dos meses y medio de 2025 transportaron 750 kilos de cocaína. La causa, iniciada en diciembre de 2024 tras una denuncia por microtráfico en un búnker en Braille al 1400, llevó once meses de investigación con vigilancia y escuchas telefónicas.

Ariel Fernando Suppa fue ubicado como presunto organizador y financiador de los viajes. Su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso fueron atribuidos al acopio y comercio a gran escala, yendo a Bolivia a buscar abastecimiento.

Los viajes tenían un patrón: idas y vueltas en uno o dos días, con pocos electrodomésticos al regreso como fachada. Los fiscales sostuvieron que los hermanos Suppa, Moreira, Lucente y Alfonso vendieron 52 kilos de cocaína entre el 13 y el 27 de noviembre a Gastón Alejandro Gómez y José Fabián Ruiz, subdistribuidores.

Ruiz organizaba el búnker de Braille al 1400, mientras Gómez se dedicaba al acopio. En el domicilio de Gómez, en Vieytes al 2700, se encontraron los 52 kilos de cocaína en los operativos del 27 de noviembre.

En propiedades de Ariel Suppa en Roldán y La Paz al 100 bis, República de la Sexta, se incautaron anotaciones que describen que desde el 29 de agosto la banda recibió 750 kilos de cocaína de máxima pureza, y que desde el 12 de noviembre distribuyeron 500 panes en la región.

Otras seis personas fueron acusadas con un rol menor en la estructura investigada. La causa revela una red compleja con estamentos subdivididos y operaciones a gran escala que ahora lleva a investigaciones sobre lavado de activos.