¿Qué dijo el diputado chaqueño sobre los bloques que quieren derogar el DNU 70/23 y qué pasaría si el Congreso lo rechaza?
El diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón salió a respaldar con fuerza la continuidad del DNU 70/23 y advirtió que la votación en el Congreso excede una norma puntual: se trata, dijo, de una pulseada entre dos formas de entender el país. Lo hizo en diálogo con LA VOZ DEL CHACO.
Para el legislador chaqueño, el decreto es una herramienta clave para desarmar la estructura económica heredada, achicar el peso de las regulaciones y sacar de encima de la producción, la inversión y el trabajo los obstáculos burocráticos que las traban.
Dos modelos en pugna
Almirón planteó que el debate por el DNU 70/23 no se agota en la letra chica de una disposición: lo que está en juego es la orientación general de las políticas que impulsa el presidente Javier Milei. Y en ese marco sostuvo que sostener la vigencia del decreto es un deber para no frenar el proceso de transformación.
El diputado ordenó la discusión en dos veredas. De un lado, el esquema que multiplica regulaciones e intervenciones estatales. Del otro, el enfoque que busca ampliar la libertad económica, favorecer a las fuerzas productivas y recuperar la estabilidad.
Desde esa lectura, defendió que achicar restricciones es la condición para que empresas, trabajadores e inversores puedan moverse en un marco normativo más amable con la iniciativa privada.
El rol de los dialoguistas
Almirón les asignó una responsabilidad institucional de peso a los bloques dialoguistas en el tratamiento legislativo del DNU y consideró que su participación fue determinante para sostener las reformas del Gobierno.
Según planteó, la construcción de acuerdos parlamentarios debe apuntar a garantizar la continuidad de las transformaciones económicas, con consensos sobre objetivos concretos y decisiones que permitan avanzar en la modernización del país.
En esa línea, diferenció los acuerdos que resuelven cuestiones de fondo de aquellos que podrían terminar preservando estructuras y beneficios atados al modelo económico anterior.
El legislador reconoció que el diálogo es indispensable para el funcionamiento democrático, pero advirtió que la búsqueda de consensos debe mantener un vínculo directo con las convicciones políticas y los compromisos asumidos ante la sociedad. Negociar en el Congreso, subrayó, implica escuchar argumentos, evaluar alternativas y construir mayorías, pero también sostener una orientación económica definida.
Qué pasaría si se rechaza el decreto
El diputado sostuvo que el contenido del decreto debe evaluarse por sus objetivos, sus alcances y las consecuencias que traería una eventual reversión de sus disposiciones.
Frente a los bloques que promueven su rechazo, reclamó una discusión basada en argumentos y desarrollada dentro de las instituciones democráticas.
En ese marco, señaló que la Argentina necesita reglas claras, responsabilidad fiscal, libertad económica y seguridad jurídica, y las identificó como piezas fundamentales para sostener las transformaciones impulsadas por la administración de Milei.
Almirón remarcó que La Libertad Avanza trabajará para impedir que el Congreso restablezca regulaciones y mecanismos de intervención perjudiciales para el funcionamiento de la economía. En esa línea, apuntó contra la reconstrucción legislativa de un sistema que, a su juicio, favoreció privilegios y obstáculos al desarrollo.
Incertidumbre y decisiones de inversión
El legislador advirtió que un eventual rechazo del DNU 70/23 habría tenido consecuencias directas en lo económico, lo jurídico y lo institucional.
Revertir reformas que modifican el funcionamiento de los mercados, planteó, puede generar incertidumbre y afectar las decisiones de inversión, además de obligar a empresas y ciudadanos a revisar sus planes.
En el plano económico, enfatizó que la previsibilidad exige reglas estables para quienes producen, invierten y trabajan. La modificación o eliminación de disposiciones que regulan distintas actividades puede alterar las condiciones bajo las cuales se toman decisiones empresariales y financieras, sostuvo.
Seguridad jurídica y estabilidad normativa
La relación entre seguridad jurídica e inversión ocupó un lugar central en su argumentación. Almirón consideró que quienes destinan recursos a una actividad productiva necesitan conocer las condiciones regulatorias bajo las cuales desarrollarán sus proyectos y contar con referencias normativas para evaluar sus perspectivas.
Advirtió que la incertidumbre sobre la vigencia de las disposiciones puede incidir en las decisiones de inversión y en la planificación empresarial.
Por último, se refirió a la estabilidad normativa que debe garantizar el funcionamiento de las instituciones y la responsabilidad de los poderes del Estado. En ese marco, remarcó que las decisiones sobre el DNU 70/23 deben tramitarse mediante los procedimientos constitucionales y legislativos correspondientes, con consideración de los efectos que puedan producir sobre el ordenamiento jurídico.
