Alquilar y perder el techo en 72 horas: el plan que se vota en el Senado

El próximo jueves, el Senado podría dar media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, más allá de la venta de tierras a extranjeros, esconde un mecanismo que deja a los inquilinos casi sin defensa. Si se aprueba, un inquilino moroso podría ser desalojado en tiempo récord, incluso en 72 horas.

Qué cambia para los inquilinos

El capítulo II del proyecto modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los desalojos. Todos los juicios por falta de pago, intrusión o toma de un inmueble pasarían a tramitarse por juicio sumarísimo, el más breve del sistema judicial argentino.

Se incorpora un nuevo artículo que obliga al propietario a intimar el pago de la deuda con un mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda (en el proyecto original eran solo tres). Vencido ese plazo, el dueño puede pedir la desocupación inmediata bajo "caución juratoria", sin necesidad de garantía real. Además, en estos juicios solo se admite prueba documental y pericial, lo que reduce las herramientas de defensa del inquilino.

La orden judicial autoriza al oficial de justicia a recurrir a la fuerza pública, allanar el domicilio y forzar cerraduras, incluso si la vivienda está desocupada. También habilita a ejecutar el desalojo en días y horarios inhábiles. La única salvedad es cuando se acredite la presencia de menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo; en esos casos, el juez debe dar intervención a organismos de protección y otorgar hasta diez días para una alternativa habitacional, sin frenar el resto del proceso.

La voz de los inquilinos

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, viene advirtiendo hace meses que esta reforma no tiene antecedentes en la región por lo poco que protege a quien alquila. Consultada por El Destape, ubicó la reforma en un proceso histórico.

"El capítulo 2 de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada es una modificación al Código Civil. La última de ese tipo fue en octubre de 2001: en plena crisis, el gobierno de De la Rúa, con Sturzenegger como funcionario del Ministerio de Economía, le vendió a los medios el 'desalojo exprés'. Hoy, 25 años después, y habiendo derogado el control de precios de los alquileres con el DNU 70/2023, vuelven a avanzar sobre el Código Civil para acelerar todavía más el desalojo, quitándonos toda garantía para la defensa", aseguró.

"Primero nos entregan al mercado inmobiliario, después llevan adelante un plan económico que transfiere el salario de los inquilinos a los dueños de las viviendas y, por último, si nos atrasamos en el pago del alquiler, nos desalojan en 72 horas. El 6 de agosto tenemos que salir a la calle contra el proyecto de los dueños de la Argentina", agregó Muñoz.

El recorrido de la ley

El Gobierno Nacional difundió los proyectos elaborados por el Consejo de Mayo en los últimos meses de 2025. La ley de "inviolabilidad a la propiedad privada" quedó para las sesiones ordinarias del Congreso. Desde el primer momento, los especuladores del sector inmobiliario aparecieron como uno de los grandes grupos beneficiados.

La iniciativa incluye varios cambios para facilitar los desalojos, dándole nuevas atribuciones a las fuerzas de seguridad y acortando plazos. Uno de los apartados que más preocupó a los especialistas fue el que modificaba el régimen del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), cuyo objetivo debería ser el uso social de las viviendas. El proyecto establecía que, después de la primera adjudicación, las ventas posteriores "podrán celebrarse a cualquier persona humana y/o jurídica, y sin limitación alguna en relación al fin y/o destino que el nuevo propietario decida darle".

Ese artículo sobre el Renabap no forma parte del texto que obtuvo dictamen, pero su salida no cambia el diagnóstico: la ley conserva y profundiza otras herramientas para correr al Estado y a las organizaciones sociales, despejándole el camino al mercado, esta vez a costa de los inquilinos.

Marcha al Congreso

Desde que se supo la fecha, organizaciones de inquilinos, de defensa de los recursos naturales, sindicatos y dirigentes políticos convocaron a movilizarse al Congreso. "El 6 de agosto todos a las calles contra los desalojos y la extranjerización de la tierra", tuiteó Inquilinos Agrupados.

También convocaron dirigentes de la oposición, como el legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro. "Ya no hay excusa, argentinos. Este 6 de agosto nos vemos en el Congreso para frenar esta locura", expresó en un video compartido en redes sociales.

Detrás de la extranjerización de la tierra, el Gobierno ataca también a quienes tienen que alquilar para tener un techo en medio de una de las crisis económicas más brutales de la historia argentina, con un ajuste sin precedentes. Lo que suceda el 6 de agosto en el Senado no es una cuestión que exceda al ciudadano de a pie; si la ley obtiene media sanción y luego es confirmada por Diputados, las vidas de los argentinos cambiarán de un momento a otro.