Alquileres en San Juan: el boom minero y el DNU que se debate el jueves ponen en alerta al mercado

La Cámara de Diputados debatirá este jueves la continuidad o el rechazo del DNU 70/23, la norma que derogó la Ley de Alquileres. Si el decreto cae, volvería a regir la Ley 27.551, sancionada en 2020. La definición tiene en vilo al mercado inmobiliario sanjuanino, atravesado por las expectativas que genera el boom minero y por el temor a que la oferta de viviendas se retraiga.

El sector inmobiliario advierte que un regreso a la normativa anterior podría complicar el escenario: menos inmuebles en oferta justo cuando la demanda minera empieza a crecer. Del otro lado, la Asociación de Inquilinos sostiene que la derogación del DNU les devolvería certidumbre frente a un posible cuadro de especulación.

Un jueves que puede cambiar las reglas

La votación del jueves definirá si sigue vigente la desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei o si vuelve el esquema de la Ley 27.551. Para los operadores del rubro, el resultado impactará de lleno en un mercado que ya muestra señales de tensión por el prometido desarrollo minero en la provincia.

Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, explicó a Tiempo de San Juan que el nuevo contexto minero atraerá inversores y dará dinamismo al sector. Pero advirtió sobre el riesgo de que ambas variables se crucen en el peor momento.

“Esperemos que todo se mantenga igual. Si se suma el eventual aumento de la demanda minera a una posible caída en la oferta, la situación podría complicarse bastante”, señaló.

El referente del sector fue más específico: si el DNU cae y la oferta de viviendas se reduce, al mismo tiempo que la demanda minera se incrementa, el mercado de alquileres en San Juan “se va a complicar bastante”.

La mirada de los inquilinos

Victor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, planteó el problema desde el otro lado. Denunció que el boom minero genera expectativas de ganancias inmediatas entre propietarios e inmobiliarias, y que eso ya se traduce en contratos cada vez más cortos: de apenas 6 meses en lugar de plazos más extensos.

Según Bazán, acortar los contratos responde a la intención de tener el inmueble disponible rápido para alquilarlo a trabajadores del sector minero, que pueden pagar valores significativamente más altos. Esa dinámica, sostiene, encarece los precios y deja afuera del mercado habitacional a los trabajadores sanjuaninos: maestros, empleados municipales y empleados de comercio, entre otros.

El dirigente comparó la situación de San Juan con lo que ocurrió en Neuquén a partir de Vaca Muerta, y defendió el retorno a la regulación de la Ley de Alquileres como una forma de dar certidumbre al inquilino y frenar la especulación.