Alta médica para la fotógrafa herida en la represión: su recuperación continúa en casa
La fotógrafa herida en la represión del Congreso ya está en su casa. Pero la denuncia contra Monteoliva por el operativo que dejó más de mil heridos recién comienza.
Tras cuatro días de internación en el Hospital Argerich, la fotógrafa que resultó herida durante la represión en el Congreso el pasado jueves recibió el alta médica. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra).
La profesional, identificada como Patri, continuará su recuperación en su domicilio, donde deberá seguir controles por la fractura y el hematoma craneal que sufrió. Además, deberá realizarse estudios en el oído izquierdo, afectado también por el golpe en la cabeza.
Un parte médico alentador
“Con mucha felicidad queremos informar que Patri fue dada de alta hace minutos. Tras cuatro días de internación en el Hospital Argerich, los médicos determinaron que puede seguir su recuperación en su casa ya que la evolución de la fractura y el hematoma craneal es muy positiva”, señalaron desde Sipreba y Argra en un comunicado.
En el mensaje, los gremios agradecieron “a todas y todos los profesionales de la salud pública que la atendieron, y a todas las personas que se preocuparon por su situación”.
Repudio a la represión y denuncia contra Monteoliva
Los sindicatos también volvieron a repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno nacional. “Exigimos que se respete la libertad de expresión y que todas las trabajadoras y los trabajadores de prensa podamos realizar nuestras coberturas sin riesgos”, remarcaron.
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, quien fue señalado por la prensa como el oficial vestido de civil que apuntó con una escopeta a los manifestantes.
La denuncia recayó en el juzgado federal número 1 de María Servini y en la Fiscalía número 2 de Carlos Rívolo. Los delitos imputados son presunto abuso e incumplimiento de la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y vejación o apremios ilegales.
En su presentación, Dalbón destacó que “la concentración se desarrolló inicialmente como una manifestación pública totalmente pacífica” y que el operativo de seguridad fue mutando cuando “las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar sobre los sectores ocupados por los manifestantes”.